En los últimos días, los medios de comunicación han hecho eco del Protocolo de Seguridad adoptado por el Gobierno de Navarra, fruto de la interacción de los departamentos de Sanidad y de Educación, mediante el que se alardea que el Ejecutivo foral destinará 47 millones de euros a actuaciones extraordinarias de prevención y de refuerzo para garantizar la calidad educativa en el curso 2020-2021.De esta cantidad, "1,7 millones de euros se destinarán al equipamiento necesario para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas para la apertura de los centros escolares", abastecimiento de mascarillas para el profesorado, pantallas de protección, geles hidroalcohólicos, papeleras de pedal, €contemplando su actuación en las redes públicas y concertadas".¿Alguna vez se ha hablado más sinceramente? Cuando se dice que se va a contemplar esta actuación en redes públicas y concertadas, es que se va a contemplar y nada más.Después de esta contemplación, a la ikastola Garcés de los Fayos de Tafalla no se ha distribuido este material, y no digo que es por su condición de centro concertado, en cuyo caso el Ejecutivo foral estaría incurriendo en una discriminación sanitaria sin precedentes hacia nuestros hijos e hijas y al personal docente, porque, siendo medidas obligatorias emanadas del departamento de Sanidad, no puede operar ninguna distinción de actuación en base al ancestral y, por ello, conocido artículo 14 de la Constitución del 78.Y tampoco quiero decir que el Ejecutivo foral se ha olvidado de su obligación, contemplada por el artículo 27 del enraizado texto constitucional, de ayudar, como poder público, a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.A mayor abundamiento, "5 millones de euros van a ser destinados para proveer a las escuelas públicas de material digital". Esta inversión se produce al margen de hacer frente a la brecha digital observada en los centros públicos en el mes de marzo del año en curso, quedando en el "ámbito de la contemplación" la posibilidad de que las escuelas concertadas puedan beneficiarse de esta provisión (en modalidad "a cuenta gotas") si se justifica una situación de precariedad. En estos tiempos tenemos que dar auge a la empatía, por ello, hay que ser pacientes y esperar a que el Ejecutivo foral continúe trabajando para cumplir con su obligación constitucional de garantizar la sanidad pública (art. 43 CE), con su obligación de apoyar a los centros educativos que cumplan con los requisitos legales (art. 27 CE), todo ello con escrupuloso respeto al Principio Fundamental de Igualdad del art.14, también constitucional, principios y garantías que no excluyen a las escuelas concertadas.Y es que no sólo es una cuestión educativa sino sanitaria y excepcional en la que, mal estaría, ir preguntando a los ciudadanos, cumplidores con sus obligaciones tributarias, si tienen una condición u otra para poder brindar o denegar una protección que se alimenta del patrimonio general.Esperamos la igualdad, la protección y la provisión de material.
