El Consejo de Europa ha aprobado el nuevo régimen de sanciones por los DDHH que sustituye y mejora el hasta ahora vigente. Entre otras modificaciones se detalla que se podrán imponer en cualquier parte del mundo en la que se violen los derechos humanos. Se aplicará a individuos y entidades sin necesidad de emitir medidas punitivas al país del que procedan. Se congelarán activos a los sancionados que tengan en la UE o impedirá la entrada en territorio comunitario a quienes cometan atentados contra los derechos humanos como genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales o abusos contra el derecho a la libre asociación. Extrañamente, no se castigará la corrupción y se mantiene el requisito de tener que aprobarse las sanciones por unanimidad de los 27.La publicación del nuevo régimen de sanciones ha sido implantada un año después de que lo anunciara ante el Parlamento Europeo el representante de Política Exterior, Joseph Borrell, férreo defensor de las sentencias revocadas por los tribunales europeos de los españoles. Parece que la UE profundiza en su vertiente social, y una prueba contundente es condicionar el libramiento del Fondo Next Generation para la lucha contra la covid-19 al cumplimiento de los derechos humanos, lo que ha supuesto exigir a Hungría y Polonia cambios legislativos en el plazo de dos años. Es notable la revocación de múltiples sentencias de tribunales españoles, entre ellas la que condenó a Otegi y otros imputados por falta de imparcialidad o el rechazo a la extradición de políticos catalanes exiliados por condenas del Supremo. Además, se espera la apelación contra la sentencia del Supremo del procés y la decisión de repetir el juicio Bateragune que fue revocada, pero que a pesar de todo han cumplido la pena.Este nuevo régimen va a suponer un aviso a la justicia española, que es renuente a aplicar los principios universales del derecho y se revela porque se revocan los tribunales herederos del franquismo.
