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20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social

20.02.2021 | 00:38

Hace poco supimos de la muerte de 26 trabajadores –18 mujeres– de un taller textil clandestino de Tánger, electrocutados al entrar una vía de agua de lluvia en la instalación eléctrica del sótano en el que trabajaban con nulas medidas de seguridad€ En Marruecos el 54% de las actividades del cuero y el textil pertenecen al sector informal, en una cadena de suministro en la que la práctica de la subcontrata ilegal es generalizada y abundan las empresas que conculcan los derechos de sus plantillas. Que usted no sepa esto tiene un pase, pero, ¿qué sucede con las empresas españolas o europeas que tratan a diario con las textiles marroquíes, situándose al final de la cadena de suministro? Recordemos que Marruecos es para muchos sectores la entrada a los mercados europeos, que se benefician estratégicamente del sabido abaratamiento de los costes de producción en el reino alauita€

En 2013, 1.130 personas murieron en el derrumbe del Rana Plaza, una fábrica de ocho plantas en Bangladesh, en la que 5.000 trabajadores cosían para cinco contratistas locales que abastecían a una treintena de marcas internacionales. Seguramente esos contratistas locales tuvieron que dar explicaciones a las autoridades bengalíes, pero, ¿las 30 marcas occidentales no tienen responsabilidad alguna? ¿Acaso no sabían lo que ocurría en el sector textil de Bangladesh? ¿Compraría usted un coche si sospechase que ha sido robado€?

La globalización ha provocado que las cadenas de suministro se extiendan por todo el orbe, provocando que diferentes materias primas recorran muchos países en los que las personas que las manejan enfrentan diferentes niveles de respeto a sus derechos sociales y laborales, dependiendo de cada legislación nacional y de la sensibilidad de cada gobierno hacia la justicia social. Si bien esta planetarización de los procesos productivos está provocando un aumento del empleo, éste se ha estancado en unos niveles de precariedad alarmantes, coincidiendo con los primeros estadios de la cadena, habitualmente ubicados en países en vías de desarrollo. Desde la revolución industrial, el ideal de la justicia social se ha asociado con unas condiciones dignas para quienes participan en el mercado de trabajo, así como con la creación de redes de solidaridad universales que garanticen unas oportunidades básicas (educación y salud) para el conjunto de la población. La globalización, con todos sus peros, supone una oportunidad para avanzar en esta dirección: con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, las cadenas de suministro son visibles para cualquiera que quiera investigarlas y tanto gobiernos como multinacionales en la cima de la cadena pueden y deben construir un entramado de legislaciones internacionales y reglamentaciones corporativas, respectivamente, para lograr que la mundialización en la producción de bienes y servicios repercuta de manera efectiva en el bienestar de todas las personas trabajadoras, de principio a fin.

Hoy tenemos experiencias que han abierto el camino –no sin palos en las ruedas– para poder avanzar en este sentido: el proceso Kimberly para regular el comercio internacional de diamantes o las legislaciones europea y estadounidense para controlar el origen de otros minerales (como el coltan), son procesos pioneros de cara a fiscalizar el respeto de los derechos humanos y socio-laborales a lo largo de estas cadenas de valor. Las disfunciones provocadas por eventos ligados al cambio climático o a la pandemia covid-19 están mostrando la perturbadora interdependencia de unos países con otros: exportaciones de productos alimenticios perdidas, bloqueos en la producción industrial por falta de suministro de piezas, etcétera. Con todo, las consecuencias nefastas de todo ello siempre recaen en la parte más débil de la cadena: las empresas y los trabajadores de los países empobrecidos. Se ven, pues, las costuras de un traje hecho a medida de las empresas del otro extremo, localizadas legalmente en países de la OCDE pero funcionalmente deslocalizadas allá donde puedan engordar beneficios y con ello su músculo para poder adaptarse –infinitamente mejor que sus hermanas del sur– a lo que pueda venir.

En un sistema capitalista que ha alcanzado la dimensión global, la reivindicación de la justicia social necesita ser igualmente globalizada; de lo contrario los parias del mundo no solo seguirán siéndolo durante las décadas venideras, sino que lo serán en mayor cantidad que en ningún otro momento de la Historia. El problema es que no los veremos en nuestras calles ni fábricas, porque estarán a miles de kilómetros€ ahí está el engaño. El reto es desenmascararlo y actuar, cuanto antes.

El autor es responsable Procesos Productivos en África. Fundación Alboan