Soy una persona de casi 58 años afectada por el proceso o estabilización (desestabilización, de hecho) de las Administraciones Públicas. En mi caso me encuentro con que después de 7 años trabajando, en febrero me quedo sin trabajo y, con dificultades para volver a trabajar en un plazo de tiempo corto. Obviamente, en este momento, con unas condiciones para llegar a la jubilación con derecho a un 100% de pensión cada vez más exigentes, quedarme en el paro con esta edad es una cuestión que me preocupa muchísimo. En la Administración Pública, nos encontramos además con la dificultad que detallo a continuación.

En la contratación de personal en la Administración Pública, concretamente en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se produce una gran injusticia. Existe un grupo prioritario para su contratación: mayores de 55 años, con más de 15 años trabajados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Los mayores de 55 es un grupo de personas con una muy difícil inserción laboral en la empresa privada, por lo que es precisamente ahí donde tendría que entrar la empresa pública u organismo público. No se trata de caridad, no se trata de injusticia, habrá que cumplir los requisitos de formación, y adecuación al puesto que se exige a cualquier otro candidato, pero priorizando, de alguna manera su contratación, por la dificultad de empleabilidad en el sector privado.

Por lo tanto, es claro que si lo que se ha querido es dar preferencia a los mayores de 55 años, esa preferencia se ha querido conceder con un motivo: su mayor dificultad para su inserción laboral. El hecho de poner además una condición como es haber trabajado más de quince años en la Administración Pública, no tiene ningún sentido.

La Administración Pública apostando por una mayor solidaridad del sistema público, se erige en abanderada de la contratación de colectivos desfavorecidos: personas con minusvalía igual o mayor del 33% o mujeres víctimas de violencia doméstica a los que se les reserva un porcentaje de plazas e incluso tienen prioridad en los llamamientos. Pero, paradójicamente, para el colectivo de mayores de 55 años, se exige una condición especial: 15 años trabajados en la Administración Pública. Esto va precisamente en contra de la motivación de esta norma, que no es otra que facilitar la contratación de este colectivo.

Por todo ello, pido que en la revisión de la ORDEN FORAL 347E/2017, DE 23 DE MARZO, DEL CONSEJERO DE SALUD, que se está debatiendo en este momento, no se incluya el condicionante de los 15 años trabajados (art. 8.4).

Es un tema que se está debatiendo ahora en la mesa sectorial de Salud y que no entiendo que no se haya tenido en cuenta ni por la Administración, por todo lo anteriormente expuesto, ni los diferentes sindicatos que participan en dichas mesas (que tienen como uno de sus objetivos principales: mejorar el nivel de empleo y colocación de trabajadores). En definitiva, la eliminación de la condición de 15 años trabajados en la Administración Pública para la preferencia de mayores de 55 años es una clara cuestión de justicia que tiene una fácil solución y que debería ser atendida por las personas con el poder para cambiar esta situación.