La Injusticia de la Incapacidad que desecha a los mayores

A lo largo de los últimos 40 años, he trabajado incansablemente, contribuyendo a la Seguridad Social y al crecimiento de nuestra sociedad. He soportado jornadas interminables, adaptándome a las demandas de un mercado laboral cada vez más cambiante. Sin embargo, hoy, con 61 años y una claudicación intermitente severa, acompañada de un infarto de miocardio, me encuentro en una situación precaria e injusta.

Los tribunales médicos han decidido concederme una incapacidad total, lo que me da derecho a percibir el 55% de la base regulable de los últimos ocho años cotizados, más un 20% adicional al tener más de 55 años. Pero este cálculo no tiene en cuenta la realidad de muchos trabajadores que, en sus últimos años laborales, han visto mermado su poder adquisitivo y han tenido que aceptar empleos menos remunerados. En mi caso, esto significa que tendré que vivir con aproximadamente 1.100 euros al mes, de los cuales 550 se destinan a una hipoteca. Esto me ha obligado a dejar mi hogar y vivir con un familiar, una situación que me llena de tristeza e impotencia.

El sistema actual no contempla la posibilidad de que los mayores de 60 años con una incapacidad puedan acceder a una jubilación anticipada sin sufrir una reducción significativa en sus ingresos. Esta situación es aún más crítica si consideramos que, debido a mi estado de salud, es prácticamente imposible que pueda encontrar un empleo a media jornada que se adapte a mis limitaciones físicas. Además, no poder trabajar implica que no se cotiza a la Seguridad Social, lo que tendrá un impacto negativo en mi futura jubilación. No estoy pidiendo exenciones fiscales ni privilegios. Solo exijo justicia para quienes, como yo, hemos trabajado toda nuestra vida y ahora, en nuestra vejez, nos vemos arrojados al cubo de la basura. Es fundamental que el sistema de Seguridad Social y los tribunales médicos reconozcan el derecho de los trabajadores mayores con incapacidades a acceder a una jubilación digna y justa.

Proponemos que, para aquellos con más de 60 años y una incapacidad reconocida, se permita la jubilación anticipada sin las penalizaciones actuales. Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino de reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de quienes han contribuido a nuestra sociedad durante décadas. No es aceptable que, después de tantos años de trabajo, nos veamos abocados a vivir en la precariedad, lejos de nuestros hogares y de la dignidad que merecemos.

Es hora de que nuestras leyes reflejen el respeto y gratitud que nuestra sociedad debería tener por sus mayores. No podemos permitir que la vejez y la enfermedad se conviertan en sinónimo de abandono y miseria. Necesitamos un cambio que garantice que todos podamos disfrutar de una jubilación justa y digna, después de una vida de trabajo y esfuerzo.