En los últimos meses estamos conociendo por parte de la consejera de Vivienda Begoña Alfaro anuncios grandilocuentes sobre los planes del Gobierno de Navarra para con la vivienda pública. Vuelve, como en cada crisis que nos ha precedido, la idea recurrente de la necesaria colaboración público-privada para hacer frente a los males que agitan a la sociedad en cada momento histórico. Ya lo hicieron Margaret Thatcher en los años ochenta y el bipartidismo español en los años noventa con la mercantilización de empresas públicas estratégicas. Todo ello bajo el mantra de reducir costos a las arcas públicas, cuando en los últimos años no ha hecho más que incrementarse la partida económica para estas políticas. Las ayudas para rehabilitación, construcción y acceso a la vivienda en los presupuestos generales del Gobierno de Navarra han pasado de 33 millones de euros en 2016 a 108 millones de euros en 2024.

Urge colocar un relato en el que aquello que vendrá resulta ser la panacea respecto a lo que tenemos hoy en día. Pero la realidad, tozuda e innegable, es que no hay nada nuevo en esta alianza público-privada que se nos intenta vender. ¿Acaso la sociedad pública que gestiona la vivienda en Navarra, Nasuvinsa, no sigue externalizando un sinfín de servicios básicos, como son la gestión de las zonas comunes o los sistemas de eficiencia energética? ¿Qué tipo de condiciones se ponen en la actualidad a estas empresas para realizar estos trabajos? ¿Hay, por tanto, una verdadera sociedad pública de vivienda en Navarra?

Nos preguntamos si es posible una colaboración público-privada que ponga en el centro el interés común. Si a la larga, una medida cortoplacista como esta tendrá consecuencias irreversibles, como hemos visto en otros ámbitos estratégicos como la energía o las telecomunicaciones. Si ampliará la brecha entre zonas urbanas y rurales porque no sea rentable construir o rehabilitar en estas últimas.

Reclamamos una gestión más social y comunitaria de la vivienda pública. Dejemos atrás titulares y discursos bonitos para profundizar en las necesidades y demandas de la población. Consensuemos un nuevo marco jurídico que dote de sentido a lo que las propias instituciones públicas pretendéis llevar a cabo. Porque, al fin y al cabo, esto sí nos conducirá a una mejora en nuestra calidad de vida y a la democratización de acceso a los servicios públicos.

No reediten viejas recetas caducas y construyan, de una vez por todas, una empresa pública de vivienda que sea estratégica, participativa, moderna y eficaz. No se trata sólo de aumentar el presupuesto en vivienda o pedir confianza en las instituciones, sino directamente hacer partícipe a la sociedad civil y buscar soluciones junto a las personas y colectivos que trabajamos en pro del derecho a una vivienda digna. 

*Portavoces de Plataforma Vivienda Pública Rural / Landa Etxebizitza Publikoa Plataforma.