La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) denuncia desde hace años el greenwashing: añadir al producto un extra de sostenibilidad para que parezca lo que no es con una finalidad económica. En consecuencia, exige que las etiquetas ambientales sean veraces y basadas en datos verificables, que se puedan probar y se refieran a cualidades del producto y no a compromisos futuros.
Claras y fáciles de entender para el consumidor, sin vaguedades ni tecnicismos, y que indiquen el ámbito medioambiental específico al que se hace referencia (por ejemplo, emisiones de CO). Relevantes. Es decir, con referencia a aspectos importantes como la composición, materiales, envasado, energía utilizada en la producción, huella ambiental de su distribución, consumo de agua de la producción, etcétera.
Justas. No deben inducir a malinterpretaciones ni aludir a características que tienen todos los productos similares por ley y tampoco incluir caracteres o imágenes que sugieran un beneficio ambiental mayor del que tienen. Para productos que funcionen bien. Reducir el impacto ambiental no puede rebajar la calidad y eficacia del producto.
