El pasado lunes comenzó en la Audiencia Provincial de Navarra el juicio contra siete vecinos del Baztán a los que se acusa de obstaculizar la construcción de una urbanización de lujo en la localidad de Lekarotz.
Las penas, absolutamente desproporcionadas, a las que se enfrentan los encausados, nada menos que veinte años de cárcel y 56.000 euros de multas, ponen de manifiesto que las protestas populares resultan cada vez más molestas y que el objetivo último de la desproporción de las penas impuestas no es otro que tratar de disuadir a la ciudadanía para que no salga a la calle a protestar.
Por si esto fuera poco, al parecer la empresa constructora ha desistido y ya no va a llevar a cabo la construcción de dicha urbanización, pero exige como contrapartida a la Administración una indemnización de cuarenta y tres millones de euros, la cual, distribuida entre el conjunto de contribuyentes navarros, supondría que cada uno de nosotros tendríamos que aportar, aproximadamente, unos cien euros para pagar dicha indemnización. Ante lo cual yo me pregunto ¿este es el destino adecuado para nuestros impuestos?
Ciertamente en la sociedad hay algo que no funciona bien cuando se criminalizan las protestas populares y los gobernantes hacen prevalecer los intereses económicos de unos pocos en detrimento del bien común del conjunto de la población.
Se suele decir que “solo el pueblo salva al pueblo” y, en consonancia con ello, es el Comité de Apoyo a los encausados quien ha organizado una serie de actividades solidarias delante de la Audiencia Provincial de Navarra.
La cita es todas las mañanas de esta semana hasta las doce del mediodía.
Debemos de mostrarnos solidarios con los encausados: hoy son ellos los que se enfrentan a este despropósito, pero mañana podríamos llegar a serlo cualquiera de nosotros.
