Acaba de salir un informe europeo que mide lo que pensamos los ciudadanos sobre la independencia de nuestros jueces. Y los resultados, la verdad, dan para pensar, sobre todo si miramos a los cuatro países más potentes de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia y España.
Alemania va claramente en cabeza: el 72% de los ciudadanos cree que su justicia es bastante o muy independiente. Confían en que los jueces hacen su trabajo sin presiones políticas ni intereses externos.
Francia, aunque más lejos, mantiene un 51% de confianza. No es una cifra excelente, pero está por encima de la media europea.
Italia, con un 46%, refleja una desconfianza mayor. Allí preocupa cómo algunas decisiones políticas están afectando la imagen de los tribunales.
Y llegamos a España, donde la situación es alarmante: solo un 39% de los ciudadanos cree que la justicia funciona bien, mientras que un 52% la considera bastante o muy mala. Somos el séptimo país por la cola en confianza en la justicia. ¿Y esto qué significa? Que más de la mitad de los españoles siente que los jueces no actúan con independencia. Que puede haber influencias políticas. Que no todos somos iguales ante la ley.
No hablamos de tecnicismos, hablamos de confianza básica en el sistema. La justicia debería ser uno de los pilares de la democracia. Si la mayoría de la gente piensa que no funciona bien, algo se está haciendo mal.
Es momento de escuchar lo que decimos los ciudadanos. De dejar de convertir la justicia en un campo de batalla política. Y de tomar decisiones que la hagan más creíble, más transparente y, sobre todo, más independiente.
Porque sin una justicia que funcione, no hay democracia que se sostenga. Y sin una justicia independiente, ¿quién nos defiende?
