Tras la adopción de la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, han proliferado lecturas rápidas, titulares ambiguos e incluso versiones interesadas de su contenido. Sin embargo, lo primero que conviene subrayar es que los elementos esenciales del proceso siguen intactos. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) renueva su mandato por un año más, y —como su propio nombre recuerda— su razón de ser no es aplicar una autonomía marroquí ni gestionar un estatuto intermedio, sino organizar un referéndum de autodeterminación. No hay cambios en esta misión, ni tampoco en el marco jurídico que reconoce al Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización.

Es igualmente importante aclarar lo que la resolución no hace. No reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. No impone el plan de autonomía marroquí como “la única solución posible”. No elimina la validez del derecho internacional ni entierra el principio de autodeterminación consagrado por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU. Tampoco deslegitima al Frente Polisario, que sigue siendo reconocido por la ONU como el único representante legítimo del pueblo saharaui. Sin embargo, la resolución sí “toma nota” del plan marroquí, un gesto diplomático cuyas interpretaciones suelen magnificar quienes buscan presentar la ocupación como irreversible. Es importante no confundir una mención con una validación.

El panorama diplomático, no obstante, ha introducido nuevos elementos. Por primera vez, tres potencias nucleares —Rusia, China y Argelia (a nivel regional y estratégico)— han mostrado una posición crítica o contraria a la narrativa estadounidense y marroquí en sus matices más importantes. Dos de ellas incluso han ejercido su abstención en el Consejo, subrayando su desacuerdo con lo que consideran un intento de desviar la resolución hacia posiciones pro-marroquíes. Esto abre un escenario más complejo, donde Marruecos ya no cuenta con un consenso internacional tan sólido como intenta proyectar. Este cambio político no resuelve el conflicto, pero sí reequilibra el tablero y refuerza la idea de que la cuestión del Sáhara Occidental sigue viva en el derecho internacional, en la política internacional y en la legitimidad histórica del pueblo saharaui.