Proposición de ley de PSN y CZ: una oda a la interinidad

En los últimos días estamos asistiendo a una ofensiva mediática que intenta justificar la derogación de la Ley Foral 15/2022.

Bajo un envoltorio de falsa igualdad, se nos presenta un relato donde la estabilidad laboral es un privilegio y la precariedad, la norma. Esta propuesta no es justicia; es una oda a la interinidad que busca normalizar la incertidumbre en la educación pública navarra.

El argumento de la administración es tan cínico como peligroso: como otros docentes interinos sufren la inestabilidad de los cambios de currículo, el profesorado de religión debe sufrir exactamente lo mismo. Pero esta comparación es profundamente tramposa. A diferencia del resto de especialidades, el profesorado de religión no tiene opción a presentarse a una oposición de su materia. Se nos critica por no haber demostrado “mérito y capacidad” mediante un examen, mientras la propia administración nos cierra la puerta a esa posibilidad. Se nos condena a una interinidad perpetua y, ahora, se nos quiere arrebatar la única red de seguridad que garantizaba nuestro sustento.

En lugar de trabajar para que todo el personal docente tenga la estabilidad que Europa exige -véanse las sentencias del TJUE sobre el abuso de la temporalidad-, el Gobierno de Navarra prefiere igualar por abajo. Su solución al problema de la precariedad no es estabilizar a los interinos de otras materias, sino precarizar aún más a los de religión.

Se ataca al colectivo cuestionando nuestra profesionalidad, olvidando que somos trabajadores con contratos laborales de carácter indefinido, una figura legal avalada por el Tribunal Supremo para evitar el fraude de ley. No pedimos privilegios; exigimos que se respete el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo frente a recortes ideológicos disfrazados de gestión.

La realidad es que esta derogación no busca mejorar la educación pública. Lo que busca es convertir el derecho al trabajo en una ficha de cambio anual. Si hoy se permite que la carga lectiva sea la excusa para despedir a profesionales con décadas de servicio -a los que se les impide por ley opositar-, ¿qué será lo siguiente?

Posponer el hachazo al curso 2026/2027 no es un acto de responsabilidad, es simplemente una ejecución programada. No necesitamos discursos que ensalcen la flexibilidad (que no es más que el nombre moderno del despido).

Necesitamos una administración que proteja a sus trabajadores y que entienda que la calidad educativa nace de la estabilidad, no de la rotación constante y arbitraria.