El escudo social

De nuevo le han tumbado a Sánchez en el Congreso de los Diputados la norma que contenía las medidas denominadas “escudo social”. No es de extrañar, porque contiene aspectos que chocan con los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Al parecer, la medida que más chirría es la correspondiente a la prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio. Esta medida lleva prorrogada desde la pandemia, es decir cinco años, y supone la imposibilidad de desahuciar al inquilino vulnerable que deja de pagar su renta y carece de otra alternativa habitacional.

A priori, es un planteamiento que la mayoría de los ciudadanos vemos adecuado, ya que es acorde con nuestro sentimiento de ayuda al prójimo y al necesitado. ¿Dónde falla, pues, el planteamiento que se hace desde el Gobierno y los partidos de ultraizquierda? En que la solución no la asume el Estado, que es quien debe dar la alternativa habitacional, sino que obliga a asumirla al propietario de la vivienda.

Es decir, como ya venimos viendo con otras medidas como, por ejemplo, la reducción de jornada o la ampliación de permisos retribuidos, este Gobierno monta la fiesta y se la hace pagar a otro. En el último momento, han suavizado la norma, a petición del PNV, excluyendo a los particulares titulares de dos o menos viviendas, pero no ha sido suficiente para convencer a Junts, socio de conveniencia que ya no se cree lo que promete Sánchez.

En un país en el que el porcentaje de hogares que residen en una vivienda en propiedad es del 75%, no se pueden adoptar medidas que pongan en peligro la propiedad privada. El escudo social se debe financiar íntegramente con los Presupuestos Generales del Estado, que este Gobierno ni siquiera presenta para su aprobación, y no con el bolsillo de los particulares, que ya lo financian vía impuestos.