En diciembre de 2019, solicité y me fue aprobada una jubilación anticipada voluntaria, ya que mi estado físico no era el más idóneo para continuar desarrollando mi labor de conductor de camiones de gran tonelaje en ruta internacional.
Este tipo de jubilación tiene una penalización que ronda los 350 euros, dependiendo de la cuantía de la prestación. Hace un tiempo, el Gobierno aprobó una ley para eliminar la barrera de diferencia de género que sufrían los jubilados padres. Después de solicitar esta ayuda en la Seguridad Social (solicitud que me fue denegada por ser mi jubilación de carácter voluntario anticipado), recurrí a varios bufetes de abogados. El resultado fue la imposibilidad de acceder a dichas ayudas por ser mi jubilación anticipada voluntaria.
Y bien, mi pregunta es la siguiente: si yo sufro todos y cada uno de los doce meses del año una penalización, ¿por qué también he de estar penalizado con la denegación a la percepción de esa ayuda?, ¿no es esto una discriminación en toda regla?
He cotizado durante 47 años y ahora, en pago por lo que he aportado a las arcas de la Seguridad Social, recibo, en compensación, este trato discriminatorio y doloroso.
Tengo una mínima esperanza de que algún estamento social o político reconozca esta vergonzosa actitud y tenga la acertada y justa decisión de eliminar una de las dos penalizaciones que sufro, sufrimos, todos los jubilados en iguales circunstancias.
Me encantaría poder escribir nuevamente sobre esta cuestión proclamando que se ha reconocido el error y, definitivamente, subsanado. Gracias anticipadas a quien se haga eco de mis humildes palabras para dar una solución a este doble castigo e injustificada discriminación.
