Relaciones

"Me tienes que ayudar en las relaciones institucionales". Frase admonitoria como primera directriz. Su empresa periodística, de implantación estatal, le había enviado de director a Pamplona. Corrió a presentarse y cumplimentar a las principales autoridades -gesto susceptible de ser interpretado como pleitesía-, que le hicieron notar su malestar por los artículos de opinión de alguno de los periodistas del medio. Salió alarmado de las recepciones. Esa sensación de los mandamases institucionales no arrojaba buenos augurios para su recién iniciada gestión directiva, de cuyo balance dependía en última instancia la consideración de sus superiores y la obtención de un destino profesional más apetecible. Llamó al periodista, lo sentó en su despacho y le espetó esa frase. Toda una filosofía empresarial, peligrosa cuando el producto es la información y la opinión. Llevarse bien con los gestores del poder y del dinero público proporciona información privilegiada, publicidad institucional, ayudas, subvenciones, colaboraciones y -lo más importante en el sector audiovisual- licencias de emisión. La línea de explotación sobre la línea editorial. El negocio antes que el periodismo. La adjudicación administrativa de emisoras de radio en Frecuencia Modulada tiene en Navarra -que no es una excepción- contrastados antecedentes de contaminación política. Con Aladino Colin (1998-gobierno socialista de Urralburu) y con José Ignacio Palacios (2006-gobierno de Sanz). El PSN salpicó el territorio foral de emisoras concedidas a Diario de Navarra y participó con otros gobiernos autonómicos del mismo signo en el paquete asignado a un empresario asturiano vinculado al PSOE. UPN favoreció al Opus Dei y a un empresario inmobiliario afín. Fechoría en el reparto y fechoría en su desarrollo. El incumplimiento flagrante de los pliegos de condiciones en horarios de emisión, contenidos programáticos y plantillas laborales, el alquiler de la frecuencia a otros usuarios, la alteración de la cobertura geográfica asignada, son infracciones conocidas y consentidas por la Administración. Uso fraudulento de las concesiones administrativas. Descontrol tolerado por negligencia voluntaria de los órganos de vigilancia. Esas irregularidades tendrían que ser corregidas de inmediato, sancionadas con la pérdida de la licencia en caso de desobediencia, y ser causa de inhabilitación para concurrir a nuevos concursos. El Gobierno foral se ha tomado a pitorreo hasta las anulaciones judiciales de los dos concursos precedentes. El caso de Euskalerria Irratia -contumacia perversa en la exclusión- está en el Supremo. Aquel ejecutivo empresarial podó las espinas críticas y cuidó con mimo los capullos. La semilla de las buenas relaciones institucionales ha dado frutos.