Mientras el comisario Iribas inspecciona si algún centro educativo navarro usa libros irregulares y reclama chivatazos -ha detectado la existencia de una veintena que “no se ajustan a la realidad institucional de Navarra”-, la mayoría parlamentaria le va a cambiar la ley del Vascuence (1986) -proposición registrada por PSN, I-E y Geroa Bai, a la que EH-Bildu anuncia su apoyo- y va a llevar la enseñanza pública en euskera más allá de la zona vascófona y mixta. Es lo que tiene gobernar en minoría y, sobre todo, que el PSN quiera sacar algunas sonrisas de simpatía en vísperas electorales. Iribas, carabinero de mugas discriminatorias; la oposición, correctora de una anomalía educativa. La demanda pública tiene que ser atendida de forma pública. Atenderla en condiciones de igualdad es una obligación; apoyar o concertar, un apaño. La zonificación lingüística segregó la unidad territorial y social por razones políticas sustentadas en una realidad coyuntural. Las lenguas, como las etnias, se estiran, se encogen y se mezclan. La geografía lingüística lo estudia. UPN acepta el vascuence como una riqueza de dialectos con fundamentos arqueológicos en el territorio navarro, y siente el euskera unificado como una amenaza política y como una herramienta de evangelización separatista. La ley foral del Vascuence ha tenido diversos intentos de modificación, con la desnortada veleta del PSN movida por el viento de las conveniencias. Incluyen un hito y una anécdota relevante. Hito: la inclusión en la zona mixta de varias localidades de la comarca de Pamplona provocó la expulsión del Gobierno de los consejeros de CDN, grupo que votó a favor. Anécdota cualificada: la ocasión en que el voto de Txentxo Jiménez, decisivo para una mayoría absoluta, estaba de excursión por el Himalaya. Barcina alerta: el cambio legal “puede crear demandas artificiales con objetivos políticos”. Como la falta de oferta pública puede disuadir demanda. Objetivo político.
