Los partidos políticos, las centrales sindicales y las organizaciones empresariales son como la Iglesia católica española: no viven solo de sus feligreses. Menos cepillo público y más autofinanciación. Más aportaciones y menos subvenciones. Más autonomía y menos dependencia. Más cuotas y menos donativos. Autosuficiencia rima con independencia. Y la independencia conlleva una libertad que la servidumbre económica aplaca e, incluso, anula. Si se considera, no obstante, que estas organizaciones han de participar del dinero público contemplado en los presupuestos generales del Estado y de las Autonomías, la regulación ha de ser precisa y transparente. Sencilla y proporcionada: una aportación única y austera, acorde con su representatividad. Controles estrictos y justificación diáfana de su destino. Al céntimo y al detalle. El modelo actual, con multiplicidad de partidas, favorece el descontrol y el despilfarro. Se trata, en el fondo, de modelar actitudes y comprar voluntades. El espectáculo del uso dado al dinero público por instituciones y esos agentes sociales es bochornoso. Un disparo pródigo de bombas fétidas. Más insoportable aún en época de creciente pobreza social. Se violenta la legalidad, nada digamos la ética. Partidos, sindicatos y empresarios gozan de diversidad de tajadas. Esa proliferación de manantiales de financiación (representatividad, formación, fundaciones, sociedades?) desborda el estrecho orificio de los controles administrativos, escasos de recursos y perezosos en el rigor. Demasiados trucos vacían la chistera pública. Les interesa ser cómplices en la profusión de ingresos públicos, en la discrecionalidad de su destino real, en la laxitud de su control. Concertación de la opacidad. Políticos, sindicalistas y empresarios no han diferido en sus comportamientos si analizamos su implicación en la extinción de las cajas de ahorro, entidades nacidas sin ánimo de lucro y como paradigma de obra social. Un timo.