La Fiscalía acaba de hacer públicas sus conclusiones, en las que solicita casi 23 años de prisión para cada uno de los cinco acusados de la violación de una joven en los pasados Sanfermines. Estos tristes y mediáticos acontecimientos son conocidos por todos, como también que las defensas sostienen que aquello fue una relación consentida. Los letrados están en su derecho de argumentar aquello que mejor les parezca para intentar salvar a sus clientes de una muy larga estancia en la cárcel. Hasta aquí, todo normal. Lo que no resulta en modo alguno asumible son las declaraciones de uno de estos abogados, quien en televisión afirmó que el fiscal “está muy condicionado por la presión a los abusos sexuales en San Fermín que hay en Navarra”. Imagino que, tras esta enrevesada frase, sugiere que la acusación pública pide tan elevada pena al sentirse coaccionada por el hecho de que Pamplona -o Navarra- haya mostrado su rechazo público a estos delitos.
Esta ciudad, como cualquier otro lugar civilizado de la tierra, siente asco y furia ante la noticia de una presunta agresión sexual, sea en medio de sus fiestas o fuera de ellas. Dudo que los fiscales desconozcan tal verdad, dudo que por ello modifiquen sus escritos acusatorios y, tras semejante argumento de defensa, dudo de algún abogado.
