Esta semana, a raíz del fallo firme de Estrasburgo, dos sindicatos de la Policía Nacional han emitido comunicados al respecto. Uno, el SUP, para señalar como responsable máxima de las irregularidades cometidas en sede policial a la comisaria de la Policía Judicial. Otro, Jupol, del que dicha comisaria es afiliada, para defender su actuación. El abogado Beaumont responde.

¿Qué opinión le merecen las notas de sindicatos policiales sobre la responsabilidad en este asunto?

–A la falta evidente y sonrojante de cualquier muestra de afecto hacia las víctimas y ante el clamoroso silencio respecto de las actuaciones del policía cuñado, hay que añadir varias cuestiones. La primera, que Jupol no acierta con la verdad porque una parte de los hechos denunciados en Estrasburgo ocurrieron en febrero de 2019 cuando esta comisaria llevaba más de un año en Pamplona. Se trata de hechos, en los que intervino la afiliada de Jupol junto con otros policías, consistentes –literalmente porque esto está documentado– en “cortar los archivos para dejarlo vacío” de un disco duro (en el que tiempo atrás se había copiado por vez primera el informe del teléfono del detenido cuñado de un policía que más tarde desapareció misteriosamente y para siempre), a pesar de que existía una orden judicial –dirigida directamente a esta comisaria– de conservación del archivo policial y de certificar la invariabilidad de su contenido. La segunda, que Jupol afirma que la Justicia navarra archivó esta investigación, pero olvida para ello que el Tribunal de Estrasburgo censura muy gravemente también a la Justicia navarra por todo lo acontecido, también con estos hechos. Y la tercera, que la Corte de Estrasburgo no pone nombre y apellidos a estos hechos, pero sí afirma –y esto vuelve a ser textual– que le “suscita(n) especial preocupación, dado que una orden judicial de conservación aún estaba vigente” y a continuación afirma también (refiriéndose, junto con otros, también a estos hechos) que “dado que las pruebas destruidas podrían haber sido decisivas para probar o refutar las alegaciones de las demandantes, su desaparición parece representar una falla particularmente grave en la conservación de las pruebas. Lo dijeron unánimemente siete jueves de siete nacionalidades europeas distintas, todos ellos especialistas en materia de derechos humanos”.