el domingo, un acto junto a la plaza de toros de Pamplona recordó los 40 años del asesinato del comandante Joaquín Imaz, primera víctima mortal de ETA en Navarra. Horas antes, el taxista Mikel Zabalza recibía en Orbaizeta un homenaje en el 32º aniversario de su tortura y muerte tras su detención por la Guardia Civil acusado sin fundamento de pertenecer a la banda armada. La consejera del Gobierno de Navarra Ana Ollo quiso participar en ambos actos. En Orbaizeta lo hizo sin problemas. En Pamplona fue vetada por los organizadores, al igual que el parlamentario Koldo Martínez y la concejala Itziar Gómez, ambos de Geroa Bai. Los tres abandonaron el lugar ante la mirada -seguramente complacida- del presidente de UPN, Javier Esparza, y la delegada del Gobierno, Carmen Alba. El actual Ejecutivo foral y el principal partido que lo sustenta no lo tienen fácil con las víctimas de ETA. Es complicado ir con matices a quienes son permanentemente utilizados como ariete contra el adversario político. Dile a gente educada en la exclusividad en el dolor y en el plus de razón que no fue la única que padeció injustamente. Les han hecho creer que el reconocimiento sólo puede darse en unos términos determinados y no toleran otros. Bien, hay que meterse en la piel del que sufre para juzgar ciertas actitudes. Se observa, sin embargo, una flagrante contradicción entre la queja de las víctimas navarras de ETA por la supuesta tibieza o insensibilidad hacia ellas de una parte de la población, y su veto a la solidaridad de quien ostenta la representación de la misma. No es expulsando a representantes políticos como van a obtener ese reconocimiento cuya falta sienten. El tiempo corre deprisa y las sociedades olvidan. Contra ello, mal remedio parece una memoria por decreto y sin empatía hacia el otro. Ni Alba ni Esparza estuvieron el domingo en Orbaizeta.