Lo que reprochó a Barkos, es ahora su argumento dilatorio. La presidenta Chivite buscará una solución “con absoluta seguridad jurídica” a la devolución de las retenciones en el IRPF por permisos de maternidad y paternidad desde 2014. Unas 26.000 familias afectadas y un montante en torno a 40 millones de euros. Como oposición, María Chivite se indignó con la discriminación en tono melodramático: “Las madres navarras van a ser las únicas de España que no recuperen el dinero retenido”. Negó a Barkos cualquier sensibilidad con la “conciliación”. El conflicto tiene su origen remoto en legislación promovida por UPN, PPN y PSN en 2012, con base en la capacidad normativa foral y con criterio diferente a la legislación estatal y de las Haciendas Forales del País Vasco. Una regulación cicatera con cualquier supuesto de exención. La sentencia del Tribunal Supremo a la que se acogen madres y padres de Navarra -perjudicados en comparación con el resto del Estado- no es de aplicación en nuestra Comunidad, según entendió el Ejecutivo saliente. A pesar de alinearse con los reclamantes, de manifestarse con ellos, de presionar al gobierno de Barkos y de apelar a la voluntad política sobre la norma en derecho (como UPN y PPN), María Chivite, ya presidenta, se aferra a la prudencia y aplaza el cumplimiento de sus reiteradas promesas electorales de pronta devolución. El color del cristal cambia de la oposición al poder. La responsabilidad jurídica calma el alboroto demagógico. De momento, esperará a próximas resoluciones de casos que están en sede judicial. No habrá solución antes de Navidad y las devoluciones podrían ser fraccionadas en varios ejercicios fiscales. La presidenta recibió a una representación del colectivo irritado. Las madres querían un compromiso firme y por escrito y salieron envueltas en el celofán de las buenas palabras. En una palabra, “confiadas”. El peor error que pueden cometer los administrados ante los políticos. Craso.
