Según la página feminicidio.net, en lo que va de año se han registrado 94 feminicidios y otros asesinatos de mujeres. El último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad señala que han sido 52 las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Que la distancia entre ambas fuentes sea tan amplia da para hacerse alguna pregunta. ¿Qué política seria, qué estado de derecho, qué gestores y gestoras responsables permiten tal abanico, semejante diferencia de criterio en un asunto tan grave? ¿Cuándo habrá tiempo, ganas y recursos para consensuar definiciones y conceptos y previsiblemente acercar esas cifras?
En 2017, con retraso respecto a las reivindicaciones que se hicieron masivas y visibles en 2015, el Congreso aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la finalidad de combatir y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres. Uno de los avances que representaba respecto a la situación anterior era la incorporación de los principios del Convenio de Estambul (teóricamente en vigor desde agosto de 2014 y recogidos en la Ley Foral 14/2015), es decir, la inclusión en el concepto violencia de género de cualquier suceso que afecte de forma sexual, física, psicológica o económica a las mujeres. De esta forma ensanchaba la definición reduccionista de la Ley Orgánica 1/2004 que la limita a los actos cometidos contra las mujeres por sus parejas o exparejas. El Pacto contemplaba diez ejes de intervención, desde la sensibilización y prevención a la protección efectiva de las y los menores víctimas con la revisión de la obligatoriedad del régimen de visitas. Pero el Pacto no ha recibido ni el impulso ni el seguimiento necesarios. Algo se ha hecho, poco, insuficiente. Una prueba de ello, pequeña y numérica, es el baile de cifras.
