Las instituciones navarras, y por extensión el conjunto de la ciudadanía, tienen una deuda con las víctimas de las denominadas otras violencias. Así como los damnificados por el terrorismo de ETA han sido reconocidos como tales y, en consecuencia, su sufrimiento al menos ha podido ser mitigado con esta reparación pública, estas otras víctimas viven en el abandono oficial más absoluto. No son demasiadas, si la consideración de víctima se limita a quienes fallecieron a manos de la policía, como lo plantea con buen criterio la ley debatida esta semana en el Parlamento foral. (Si se contaran los que han sufrido sus excesos de todo tipo, sería necesario el periódico entero solo para incluir la relación de afectados, ya que detenidos y aporreados sin comerlo ni beberlo ha habido miles en los últimos 40 años). Pero urge poner solución a esta situación de manifiesta injusticia.
Fácil lo tienen los grupos parlamentarios para corregir este déficit, sobre todo después de los testimonios recabados esta semana en la Cámara foral de víctimas de distintas causas. La familia de Mikel Zabalza, que sin duda padece el caso más sangrante dentro de las otras víctimas, imploró a los grupos parlamentarios que aprueben esta ley, para que le “devuelvan la dignidad, ya que no pueden devolverle la vida”. Y algo parecido les dijo Iñaki García Arrizabalaga, hijo de un asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, quien destacó “la oportunidad histórica que tienen de poner fin a una serie de injusticias”. Parece que sus señorías tomaron nota de lo escuchado y, de momento, nadie ha obstaculizado la tramitación de esta norma impulsada por Izquierda-Ezkerra, cuyo portavoz, Txema Mauleón, resumió con acierto la situación. “Llegamos tarde a la reparación de las víctimas de ETA y llegamos tardísimo a la reparación de estas otras” dijo antes de resaltar la ocasión que todas las fuerzas políticas tienen de aprobar esta ley por unanimidad. “Sería histórico”, concluyó. Ya lo creo que sí.
