Un total de 29 políticos y empresarios vinculados al PP están imputados por fraude dentro de la operación Taula de Valencia. La caída de Alfonso Rus arrastró a seis empresarios de la construcción y a tres funcionarios de la Diputación de Valencia (dos arquitectos y un miembro de las mesas de contratación) sin cuya colaboración (en casi todas las administraciones) sería difícil la chama: en este caso una trama societaria dedicada únicamente al blanqueo de fondos. Cargos políticos militantes del partido recibían dinero en negro para que lo reintrodujeran en el partido a través de donaciones voluntarias. Jugaron hasta con lo más sagrado, los gastos en educación, en colegios públicos. Tan sólo Ciegsa, la empresa que creó la Generalitat valenciana para llevar a cabo centros educativos en los municipios valencianos, manejó 2.826 millones de fondos públicos entre 2001 y 2014. Con una tarifa del 3%, la supuesta mordida ascendería a 84,7 millones. Un informe en manos de la Fiscalía apunta a sobrecostes de 1.000 millones. Otra gran empresa pública, Imelsa, a la que inyectaba fondos la Diputación, promovió campos de césped artificial, piscinas cubiertas, pistas de pádel... y se calculan más de cien millones de contratos irregulares. ¿Cómo se amañaban los concursos públicos? Creando una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que, a su vez, cobraban a Imelsa por trabajos no realizados. Taula, Púnica y Gürtel, Nóos, Barcenas... son algunos de los muchos casos de corrupción que lastran al PP. Y una vez más las sociedades publicas instrumentales, como ya ocurriera aquí en casos como el de Egüés, han sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a contratos dados a dedo. Apaños que el sistema legal permite, algo que la ciudadania sigue sin entender como la complicidad de algunos tecnicos supuestos garantes de la legalidad. Este es el partido que pese a todo posiblemente salga reforzado en los próximos comicios generales. Un partido podrido que, además, consiente la soberbia y prepotencia de algunos de sus personajes: Rita Barberá (alcaldesa entre 1991-2015) está blindada por el PP y no puede ser investigada por su condición de senadora. “No ha habido ninguna mordida, quienes decidían las adjudicaciones eran los altos cargos”, destacó la exalcaldesa. Seguro Rita, sin duda que no sabías quién te hacía los colegios o polideportivos y a cambio de qué. Tú, que te gastaste más de 2.000 euros de dinero público por acudir al funeral de Fraga. ¡Anda ya!