Entre las muchas consecuencias de que no se haya materializado el cambio para finiquitar el Gobierno de Rajoy está que a día de hoy seguimos soportando a la peculiar pareja Fernández Díaz-Carmen Alba. Ministro del Interior y delegada del Gobierno español en Navarra se estrenaron en sus respectivos cargos apenas un par de meses después de que ETA anunciara el final de su insoportable violencia. Se encontraron, por lo tanto, con el escenario ansiado durante décadas, pero lo han gestionado como si viviéramos en los años más duros del plomo. Más allá de que en todas y cada una de sus declaraciones públicas relacionadas con la pacificación y la convivencia su aportación ha sido cero patatero, han protagonizado actos que nos han retrotraído a los tiempos del NO-DO. Cómo no recordar la estampa que nos dejaron en marzo de 2014, junto al arzobispo, Barcina y algún tricornio, en la colocación de la primera piedra del injustificable, por innecesario, cuartel de la Guardia Civil en Fitero. O la reciente imagen del que quizá sea el acto más absurdo del presente siglo como lo fue la concesión del uso de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de Navarra, una enseña que este cuerpo lleva en su uniforme desde tiempo inmemorial. Para semejante patochada, del que la ausencia de Barkos en la misma mereció la crítica de UPN-PP, se movilizó un despliegue de agentes extraordinario. Como también lo hubo este martes para detener a los ocho autores de un mural contra la tortura, que ya habían sido identificados el día que lo pintaron. Si todavía tienen alguna duda de que denunciar la práctica de la tortura sin acusar de ello a nadie es delito, ¿no podían haberles enviado una citación para que acudieran a declarar? Ya sabemos que las intenciones del instigador de la ley mordaza, y de su aventajada alumna en la imposición de multas al amparo de esta normativa decimonónica, es enchironar a todo el que se mueve, pero me da que este caso apunta a archivazo judicial para sonrojo de algunos.
