A vueltas con la paga extra

cuatro años después de que el Gobierno de Rajoy optara por birlar una extra a los funcionarios, decisión que Barcina secundó al instante mientras aplaudía con las orejas, este asunto continúa vivo y coleando, pero acotado al terreno político. Es un debate con una ingente dosis de demagogia y un punto de cinismo, que en absoluto llega a la calle, donde la inmensa mayoría de los afectados vive feliz, con la certeza de tener blindados sus empleos, beneficiados de la acertada medida de haber ido recibiendo anticipos para evitar la pérdida de poder adquisitivo y con la seguridad de que este dinero más pronto que tarde acabará en sus bolsillos.

Llama la atención, sin embargo, la actitud de UPN en torno a esta cuestión. Como responsable directo del desaguisado, le correspondería ponerse de perfil cuando se habla de este tema en lugar de liderar la barricada. Sabe mejor que nadie de la dificultad que supone soltar ahora los aproximadamente 30 millones pendientes de pago, entre otras razones porque es perfectamente consciente de que dejó telarañas en las arcas forales como legado para el Gobierno del cambio. Y tratándose de un partido que aspira a retomar las riendas de la Comunidad, no parece muy sensato ejercer de holligan al reivindicar la solución a un problema generado por su despilfarradora gestión. El jueves en el pleno del Parlamento, henchido al ver que salía adelante su moción que insta al Ejecutivo foral a abonar el 50% pendiente de esta extra antes del 1 de julio, el regionalista Sergio Sayas anunció que si el Gobierno no suelta ahora la tela, se lo exigirán a través de una proposición de ley. Dudo mucho de que se atrevan a hacerlo. Sería su primera iniciativa de este tipo en la presente legislatura y quedaría condenada al fracaso. Porque una cosa es que Podemos se abstenga en una moción, que no es vinculante, y otra muy distinta que posibilite la aprobación de una ley después de tildar de “desfachatez” la postura de UPN con este tema.