El Ayuntamiento de Pamplona adeuda a los bancos un total de 72,8 millones -manejando un presupuesto de 196,5 en 2017- o sea toca 364 euros por barba. En los dos últimos años ha pegado una sacudida a la deuda de más de doce millones apremiado, eso sí, por la ley de sostenibilidad financiera y control del gasto. Números rojos pero no tanto. Es la mitad de los préstamos abiertos en 2012 cuando UPN gobernaba el Ayuntamiento (legado de Barcina y sus obras faraónicas) y la deuda alcanzaba la cifra de 115,9 millones. Fuentes bien informadas aseguran que Barcina en 2011 dejó tal desaguisado en su tránsito al Gobierno que en octubre de aquel año Maya tuvo que recortar más de 23 millones de los presupuestos antes de las elecciones. Y que en 2009 se llevó a cabo una contabilidad blanqueante: la venta de unos terrenos a Gerencia de Urbanismo por valor de 19 millones, que el Ayuntamiento ingresaba supuestamente mientras que Gerencia, con contabilidades separadas, pedía un préstamo que todavía sigue pagando. De aquellos polvos estos lodos, inversiones que resultaron ruinosas como Condestable que incrementó costes por encima del presupuesto hasta los nueve millones, el Museo de los Sanfermines con 6,5 millones gastados en humo, o el parking de la plaza del Castillo con pago de lucro cesante por varios millones por haberlo concedido de forma irregular a 75 años en lugar de 50. También hubo expectativas de ingresos con la sombra de intereses en juego como la venta del solar del Corte Inglés (Defensa lo vendió al Ayuntamiento para darle una utilidad pública pero en 2000 se cambió el convenio para posibilitar un uso comercial) donde el Consistorio consiguió 23,5 millones a través de una subasta. El Parlamento tuvo que modificar una ley foral que hasta entonces no permitía enajenar suelo público mediante subasta. En aquellos años se modificó otra ley foral de Ordenación del Territorio para que en el solar de Salesianos no se hicieran VPO y se alteraron las reglas del juego del Ensanche para meter 400 pisos en Aralar. Por cierto, que a día de hoy todavía desconocemos qué compromisos indisolubles fueron atados por el anterior Gobierno con la congregación religiosa, contratos de compraventa y cambios en el planeamiento urbanístico que ordenaba el traslado del centro educativo a Sarriguren, y que fueron cerrados a todo correr en 2015 antes de las elecciones.