Contra la ‘Ley Montoro’

los diez mayores ayuntamientos navarros y los de las cabezas de merindad han hecho un frente común contra la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, la Ley Montoro, que prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto, siguiendo la estela de un amplio movimiento municipalista en este sentido que se extiende por todo el Estado. La ley es consecuencia de la polémica modificación del artículo 135 de la Constitución que PP y PSOE sacaron adelante sin consenso un año antes. La norma ha supuesto en la práctica la asfixia de los ayuntamientos, justo en el momento de mayor recesión económica, cuando se supone que es más necesario el gasto social. La consecuencia es que los ayuntamientos han gastado menos, sí, pero a costa de reducir drásticamente la inversión local, como recuerda año tras año la Cámara de Comptos, o de no reforzar las plantillas. Los números macroeconómicos salen, pero está por cuantificar el impacto real que la Ley Montoro ha tenido y tiene en la cuidadanía. El mismo día que los alcaldes y alcaldesas navarras se conjuraban contra la ley, el ministro sacaba pecho de que, por primera vez en su mandato, el Estado va a cumplir sus compromisos con Bruselas. Curiosamente es así gracias a los 7.000 millones de euros que los ayuntamientos del conjunto del Estado dejaron en 2016 en la hucha, mientras las comunidades autónomas y el propio Gobierno central no cumplen. Pero es que, además, ahora que parece que la crisis aprieta menos y muchos ayuntamientos empiezan a aumentar ingresos, tampoco pueden gastar lo que necesitan. Los que tienen deuda porque deben amortizarla y los que no la tienen porque se ven constreñidos por la regla de gasto o la obligación de realizar inversiones “financieramente sostenibles”. El ministro dijo que este año estudiará una posible flexibilización de la ley. De momento, Montoro sigue apretando el cuello de las entidades locales.