la sentencia que desestima la devolución -con efecto retroactivo desde 2014- de las retenciones del IRPF por maternidad y paternidad confirma en toda su globalidad los argumentos del Gobierno de Barkos. Esa devolución, según la legislación foral que aprobaron en 2012 UPN, PSN y PP, sería contraria a derecho. Es decir, es la normativa foral aprobada por esos tres partidos la que ha imposibilitado legalmente que Navarra pudiese aprobar esa devolución, más allá incluso del debate fiscal sobre la justicia tributaria de esa medida. Que fueran precisamente UPN, PSN y PP, los responsables de aprobar una legislación que excluía de forma consciente dichas exenciones desde 2012, los que utilizaran a un colectivo de madres para impulsar una nueva estrategia de manipulación social contra el anterior Gobierno exigiéndole que abonara lo que no se podía abonar por su propia ley, solo es una muestra más de la decadencia en que se ha instalado, también en Navarra, el debate político. La sentencia también avala la advertencia del anterior consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, de que pagar esa devolución vulneraba las capacidades propias del autogobierno foral en materia de fiscalidad y podía constituir un delito de prevaricación. Este tema fue uno de los argumentos de acoso y derribo contra el anterior Gobierno y como otros estaba fundamentado en un engaño consciente a los navarros y navarras creando expectativas falsas. De hecho, Navarra tiene desde enero pasado, en el ejercicio de su autogobierno fiscal, la legislación más avanzada del Estado en la aplicación de deducciones tributarias, de hasta el 25% por los permisos de maternidad y paternidad. Es progresiva en función de la renta e incluye a trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Fue UPN el que eliminó las anteriores deducciones fiscales por maternidad para recaudar más ingresos en su estrategia de recortes, que por supuesto se gastaron en los derroches que dejaron las arcas forales vacías. Además, esas deducciones eran discriminatorias y favorecían a las rentas más altas al compensar por igual a quienes ganaban 90.000 euros que a quienes ingresaban, por ejemplo, 20.000 euros. Se equivocará el Gobierno de Chivite si a lo que llama buscar una solución supone volver a un sistema más injusto fiscalmente que el actual. A aceptar una retroactividad fiscal de 45 millones de euros que no solo es injusta, sino que posiblemente también es de dudosa legalidad. Y cuyo único responsable del desaguisado es lo que ahora conforma Navarra Suma.