el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya puso el énfasis en la Memoria Histórica durante su discurso de investidura. El acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos señala la fecha del 31 de octubre como día del recuerdo de las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como día de las víctimas del exilio. Una medida simbólica, pero cargada de significado, por recordar cada año en el calendario uno de los hechos más trágicos registrados el pasado siglo en el Estado. Pero el documento avalado por ambos partidos, socios en el Gobierno de coalición, tiene más sustancia; sus objetivos apuntan a la necesidad de impulsar las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes; retirar la simbología franquista de los lugares públicos y anular las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura. Pese a las diferentes leyes aprobadas por los parlamentos regionales relativas a los símbolos que ensalzan todavía al dictador y a sus seguidores, subsisten todavía calles, plazas, estatuas y recintos deportivos que rinden tributo a quienes secundaron el golpe de Estado de 1936. En cuanto a la retirada de condecoraciones, en octubre de 2018 Sánchez se comprometió con Iglesias en Moncloa a retirárselas al policía Antonio González Pacheco, Billy el Niño -conocido torturador en la Dirección General de Seguridad-, las medallas pensionadas concedidas por el Estado, una promesa incumplida y que provocó crítica y malestar desde entonces en Unidas Podemos. Además, en el reparto de competencias del nuevo Ejecutivo, la vicepresidenta Carmen Calvo se encargará de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática. Y hay mucho por hacer, no solo en lo referente a las fosas no localizadas y que cubren los restos de fusilados, también en cuanto a la documentación de la represión durante la guerra y en años posteriores. En este capítulo, hay que poner en valor el trabajo del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, obra la UPNA, que ha acreditado ya casi 30.000 actos represivos que afectaron a más de 22.000 personas. Un trabajo que no está cerrado. Tampoco la localización de las víctimas, que ayer mismo conocía un nuevo capítulo en las cercanías de Monreal. La memoria sigue vive y ahora reforzada.