la utilización y la manipulación política y electoralista de las víctimas de la violencia y del propio terrorismo de ETA ha sido una constante en las últimas décadas, tanto a nivel estatal como en la CAV y Navarra. De hecho, los partidos han llamado de manera sistemática a la no utilización del terror y de las víctimas como argumento para hacer política. Incluso los diferentes “pactos antiterroristas” han incluido cláusulas alusivas a este aspecto. Así, por ejemplo, el denominado Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo firmado en exclusiva por el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000, en los tiempos duros de ETA y de la ofensiva política contra el nacionalismo vasco en general, establecía en su primer punto lo siguiente: “Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”. Aunque es cierto que ninguna de estas formaciones cumplió este aspecto del pacto, la imagen que pretendían traslucir era que nadie debía beneficiarse políticamente de la barbarie de ETA. Hoy, más de ocho años después del anuncio del fin definitivo de la violencia de ETA y cuando se van a cumplir dos años de su desarme, la derecha quiere seguir utilizando políticamente a las víctimas, como se ha demostrado en los últimos días. El homenaje a Gregorio Ordóñez en el 25 aniversario de su asesinato ha sido un ejemplo evidente, con el líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente José María Aznar instrumentalizando un acto de reconocimiento a una víctima para realizar acusaciones contra el lehendakari Urkullu y el actual presidente español Sánchez. Infundios que desde la alianza conservadora Navarra Suma se vierten igualmente contra el Gobierno liderado por la socialista Chivite en el marco de esa nauseabunda estrategia de restarle una legitimidad asentada en la voluntad democrática de la ciudadanía y materializada por ejemplo en la próxima aprobación de los Presupuestos. La convivencia sana y democrática precisa en primer lugar de la asunción de la autocrítica imprescindible, de la deslegitimación del terrorismo en todos sus aspectos y del cumplimiento de la legislación vigente, también en materia de presos. Basta ya de manosear el terrorismo y a sus damnificados como armas arrojadizas de confrontación política o electoral.