Editorial

González, los GAL y secretos oficiales

18.06.2020 | 02:31
Felipe González, durante una entrevista

El documento de la CIA que vincula al expresidente con acciones de terrorismo de Estado no desvela nada no sabido, pero vuelve a exigir la desclasificación de documentos que permitan a las víctimas y a la sociedad conocer toda la verdad

tras la publicación de un documento de la CIA –datado en 1984– en el que se responsabiliza a Felipe González de la formación y control del grupo terrorista de los GAL la única reacción oficial del PSOE –por boca de su portavoz Adriana Lastra– ha sido cerrar filas con el expresidente y ex secretario general del PSOE. Un ejercicio inútil. El documento no desvela nada que no fuera de conocimiento público desde hace años. Incluso es un apunte mínimo comparado con toda la información ya publicada sobre el papel del viejo felipismo en las diferentes estructuras de la guerra sucia contra ETA bajo la excusa de la lucha antiterrorista. Tiene el valor, eso sí, de situar a González y a su modelo político, una vez más, ante el espejo del proceso de decadencia por el que arrastró las históricas siglas del PSOE. Tanto por su implicación en el antidemocrático e injustificable terrorismo de Estado como por las sucesivas causas de corrupción que protagonizó. Los documentos de la CIA no descubren nada nuevo, pero vuelven a poner el centro de la atención social y política en las debilidades de un sistema político, el de la Transición, sustentado sobre la presión de las estructuras franquistas del Estado. Y esos lastres –que implican igualmente a la Monarquía y a sus principales protagonistas de la familia Borbón igualmente una vez más– siguen impidiendo al Estado español alcanzar los niveles de madurez democrática, estabilidad, y coherencia política, normalidad territorial y avances socioeconómicos de sus vecinos de la UE. Las acciones terroristas de los GAL –un grupúsculo formado por mercenarios, delincuentes, ultras y traficantes de la peor estofa– son un ejemplo de libro de terrorismo de Estado. Así lo admitieron y confirmaron los miembros de los diferentes gobiernos y responsables policiales juzgados por su implicación en esos hechos. Costaron la vida a 29 personas, asesinatos pagados por un Gobierno de un Estado democrático. No todos los hechos están cerrados en los juzgados –el caso de García Goena sigue abierto en la Audiencia Nacional 33 años después–, pero independientemente de ellos hay al menos dos pasos ineludibles desde el punto de vista de la calidad y la credibilidad democrática. La presencia de González ante el Congreso para dar cuenta de esos hechos y la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales que permita a la sociedad conocer, con la desclasificación de documentos, la verdad de la guerra sucia impulsada con funcionarios públicos desde las estructuras del Estado.

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