Un decreto inasumible

10.08.2020 | 00:17
Sánchez interviene en una sesión de control al Gobierno.

La iniciativa del Gobierno español de hacerse con el superávit de los ayuntamientos es otra vulneración del régimen foral, además de un flagrante atropello a los consistorios, también a los del régimen común

el decreto del Gobierno de Sánchez mediante el que la Administración del Estado pretende embolsarse el superávit de los ayuntamientos bajo el argumento de que los municipios puedan invertir en la lucha contra los efectos de la pandemia sin incumlir la regla de gasto es un fiasco de principio a fin y debe obligar al Ejecutivo central a una rectificación aunque resulta obvio que el Congreso de los Diputados acabará tumbándolo. De momento, la iniciativa ha tenido el insólito efecto de unir a municipios y partidos políticos de prácticamente todas las ideologías –a excepción del PSOE– en un frente común de rechazo y que anuncia una guerra abierta para evitar lo que consideran un atropello. Para empezar, el decreto es fruto de un inopinado acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad en la que su presidente, el socialista Abel Caballero, tuvo que hacer uso del voto de calidad ya que la votación acabó en empate y, además, su plasmación en el BOE empeoró aún más los términos estipulados para la devolución del dinero a los consistorios y arrojó más incógnitas. Pero además desde la perspectiva de Navarra y también de la CAV el decreto es aún más inasumible, ya que supone una nueva vulneración del Convenio y del Concierto. Y más en concreto atenta contra el régimen foral y el sistema de financiación de los ayuntamientos, que no se nutren con los recursos del Estado sino que lo hacen con fondos propios cuya tutela financiera corresponde en su caso al Gobierno de Navarra y a las Diputaciones Forales en el caso de la CAV. Una vez más, el inexplicable y absoluto desconocimiento por parte del Gobierno español de las especificades forales –o, lo que es peor, su deliberado desprecio– y de la bilateralidad obligada con esos territorios ha originado un conflicto perfectamente evitable. La consecuencia de todo ello es que el Ejecutivo de Sánchez se ha metido en un atolladero –hay una gran mayoría que votará en contra en el Congreso–, del que únicamente puede salir mediante una rectificación en toda regla. Eso es justamente lo que le exigieron ayer diez de los alcaldes más representativos de la Comunidad Foral a través de las páginas de este periódico, antes de la reunión de hoy de la comisión ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

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