Intolerables crímenes en Ucrania

05.04.2022 | 00:37
Civiles ucranianos asesinados en Bucha.

La comunidad internacional debe pasar de la conmoción por las matanzas rusas a acciones para proteger a la población civil, obligar a Moscú a cesar la guerra y llevar a los culpables ante la justicia

Las lacerantes imágenes de decenas de cadáveres de civiles –algunos de ellos con signos de tortura, disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda– abandonados en las calles de Bucha tras la retirada de las tropas rusas de esta ciudad ucraniana han conmocionado e indignado al mundo. La crueldad, brutalidad e inhumanidad de estos hechos no son una "consecuencia natural" de una guerra, ya de por sí atroz. Las guerras, por muy duras que sean –y todas lo son–, tienen también ciertas leyes y normas que es obligado cumplir, en especial respecto a conductas que respeten el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil. Los cuarenta días de transcurso de la guerra fruto de la invasión rusa de Ucrania están dejando actuaciones por parte del ejército de Vladímir Putin –cuyo responsable último es el propio presidente y todo el Kremlin– de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, como bombardeos indiscriminados contra la población civil indefensa, torturas, violaciones de mujeres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además del éxodo y desplazamiento de millones de personas. Una dimensión de horror, muerte y destrucción inédita en Europa desde la segunda guerra mundial. Las imágenes y testimonios recopilados en Bucha, junto a informes como el realizado por la ONG Human Rights Wath que ha documentado graves violaciones de derechos humanos en las zonas ocupadas por las tropas rusas, refuerzan la denuncia de la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio por parte de Moscú. La consternación y la indignación internacionales deben dar paso a acciones reales tanto para parar estas atrocidades como para que los hechos de barbarie cometidos no queden impunes. La comunidad internacional está obligada, en primer lugar, a proteger a la población civil ucraniana y a aumentar aún más la presión tanto diplomática como económica sobre Rusia en forma de duras sanciones y replanteamiento de las relaciones respecto al suministro de gas para que Moscú cese de inmediato en su ilegal agresión. De forma paralela, la ONU debe liderar una investigación independiente dirigida a recabar todas las pruebas para, en su caso, llevar a los autores tanto materiales como intelectuales de estas matanzas –incluido, en primer lugar, el propio Putin– ante la justicia internacional.

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