El debate suscitado por el plan de ahorro energético anunciado por el Gobierno español tiene el riesgo de deslizarse hacia un pulso ideológico y político –también a un nuevo absurdo mediático de quejas y sandeces como argumentos–, donde lo fundamental, la eficiencia energética, pueda quedar aparcado en un segundo plano. Las medidas del Gabinete de Sánchez están movidas por las decisiones adoptadas en la UE, pero también por una premura que conlleva el vértigo de confundir celeridad con improvisación. Por ejemplo, en el caso de la falta de análisis de la situación real y diferencial del consumo, la eficiencia y las necesidades energéticas en los diversos escenarios del Estado. No es equiparable el consumo necesario en la industria electrointensiva que el confort en un centro comercial. Como no es comparable el margen de eficiencia aplicado por las diferentes administraciones autonómicas en Madrid que en Galicia o, sin ir más lejos, Navarra o la CAV. En el caso de Navarra, tanto el Gobierno en la Administración foral como el Ayuntamiento de Iruña, entre otros municipios, y diferentes instituciones –el Parlamento también se ha sumado–, ya venían regulando los usos energéticos en sus instalaciones tanto del aire acondicionado como de la calefacción o la iluminación. Las dudas sobre las diferentes necesidades de consumo energético en las comunidades no tiene nada que ver con la nueva cruzada de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso contra las medidas. Que no solo será de nuevo un brindis más de propaganda en sus medios afines, sino que ha dejado en evidencia al propio Feijoó que hace apenas 10 días defendía públicamente la aplicación de este tipo de restricciones energéticas. Pero es cierto que el Gobierno de Sánchez debiera haber tenido en cuenta aspectos propios de la realidad industrial y territorial, incluso climática, de cada comunidad en lugar de imponer la tabla rasa común. Navarra, por ejemplo, acaba de aprobar por unanimidad una ambiciosa Ley Foral del Cambio Climático y Transición Energética que, pese al riesgo de ser recurrida al Constitucional, mantiene objetivos y actuaciones en materia de energías renovables, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, ahorro y eficiencia en consumo industrial y doméstico, en líneas generales, más ambiciosos que los fijados en la UE. La iniciativa del Gobierno español merece ser valorada, pero el punto de encuentro es el equilibrio.