La imagen que ha venido construyéndose EH Bildu sobre su acción política en Madrid y en Euskalherria ha recibido esta semana dos baños de realidad que dejan en evidencia su discurso y su posición real. El primero de ellos tiene que ver con su reiterada adhesión a la ley estatal de Vivienda, que la coalición convirtió en eje de sus dos últimas campañas electorales por su pretendido compromiso social. La norma, que PNV y JxCat denunciaron por invasión competencial, no tiene aplicación objetiva en estos momentos en ni en la CAV ni en Navarra –comunidad que ya cuenta con una ley foral propia aprobada en junio de 2022–, pendiente de un procedimiento de ámbito estatal establecido que proyecta al menos en un año y medio la definición de las herramientas que contiene, aunque sí ha incidido ya en el mercado de alquiler y no precisamente en favor de un abaratamiento del mismo. La insistente campaña de la izquierda abertzale en defensa de la norma estatal que aprobaron se ve desmentida ahora por el reconocimiento de su socio catalán, ERC, de que la invasión competencial existe en los términos denunciados por el PNV y el Gobierno de Vitoria y que Geroa Bai trato de enmendar en el Senado sin éxito.

El pretendido perfil soberanista de EH Bildu queda reducido con acciones políticas como esta a un mero enunciado sin materialización ni programa ni hoja de ruta ni reclamación práctica alguna en materia de autogobierno durante sus años de presencia en el legislativo español. No es su prioridad. Esta se orienta más a lavar una imagen que arrastran por el vínculo histórico de Sortu –en sus personas, sus discursos y sus estrategias– con la ilegalizada Batasuna y la connivencia histórica con el lema histórico de ETA bietan jarrai. Ese nexo con la doble vía política y militar está tan vivo en parte de su espectro sociológico que aflora recurrentemente, como en el homenaje rendido por la organización municipal de Sortu en Hernani esta semana en el aniversario de la muerte de cuatro miembros de ETA a los que les explotó la bomba que iban a destinar a otros.

El amparo trasciende la mera memoria de unas vidas perdidas en tanto falsea y silencia las circunstancias de esas muertes. Es, además, un amparo que suepende todas las mínimas bases de reconocimiento y construcción de la convivencia y salpica a socios y siglas de la coalición.