Las bases de un nuevo modelo de financiación para Catalunya quedaron ratificadas ayer por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y defendida como una solución al debate de la infradotación de recursos en esta autonomía. Los respectivos Ejecutivos socialistas de PSC y PSOE han consensuado un procedimiento calificado de “singular, federal y generalizable” cuyo alcance está por concretar en dotación económica y que ha concitado por el momento más rechazo que adhesiones dentro y fuera de Catalunya. Al modelo se le reprocha que no alcanza la expectativa de lo pactado por Pedro Sánchez con el soberanismo catalán y que, tal y como admite el propio Govern, no alcanza para cumplir el pacto de investidura de Illa con ERC. Intramuros, en Catalunya suscita ahora mismo más dudas que satisfacción, en el mejor de los casos. Fuera, el rechazo de las autonomías del PP, descontado de partido, se alimenta también de los reproches de Canarias y Castilla-La Mancha.

Los argumentos son de sobra conocidos y también peregrinos, en muchas ocasiones. Se llega a escuchar que se desviará dinero para Catalunya desde otras autonomías, además de la clásica ruptura del principio de solidaridad. El concepto de singularidad alimenta este discurso y el de federal y generalizable, el opuesto. En el fondo del debate persiste la desigualdad inherente cuando se elude la corresponsabilidad de cada institución autonómica con su propio gasto, que ha consagrado la redistribución de recursos sin la exigencia de eficacia en la gestión de los mismos y que redunda en que, quienes nunca han querido asumir la sostenibilidad de sus finanzas, rechazan ahora quedar en evidencia con un modelo que les exija hacerlo. Bajo el mensaje de la insolidaridad se oculta a la opinión pública que, como bien sabemos en los territorios que rigen su relación con el Estado mediante Concierto o Convenio, la deuda motivada por ese gasto se paga solidariamente pero no existe reciprocidad con las necesidades propias.

Catalunya reclama un modelo que se asemeje y para ello precisa construir un marco legal acorde, situación diferente del modelo foral vasco, preexistente a la Constitución. El nudo que impide generalizar a territorio común la singularidad propuesta es que existe otra en muchas autonomías consistente en cargar su gasto a una cuenta compartida.