Sincerarse con el modelo de Estado
El Congreso de los Diputados debatía este martes dos proposiciones relativas a la gestión de las competencias en un Estado descentralizado. La impulsada porPSOEy Junts llegaba con el lastre de enredarse en la inmigración, marcada por posiciones ideológicas más que resolutivas de un fenómeno que algunos no dudan en proyectar como problema y otros aprovechan para hacer política partidista sin importar las consecuencias. La delegación de la gestión de la competencia migratoria al Govern de Catalunya debería propiciar un debate sobre eficiencia en la gestión. No obstante, la hipérbole que marca la posición de abierta confrontación que mantiene Podemos con el PSOE y su deseo de desgastar además a Sumar, convirtieron lo que debió permitir una reflexión sobre el modo más eficiente y subsidiario –alineado con el modelo político descentralizado, que aboga por que la institución más cercana al ciudadano desempeñe las funciones que le sean posibles– en un puro choque de conveniencias. Desde la derecha española, todo lo que huela a consenso con el soberanismo catalán o vasco se criminaliza, como una merma de su modelo nacional, en el que no cabe cesión que reconozca la diversidad. Desde la izquierda, su propio desangrado interno radicaliza su adhesión y, sobre todo, su rechazo a lo que no provenga de sí misma.
La otra proposición relacionada con las competencias y la estabilidad de las mismas provenía del Grupo Vasco, que defiende liberar este ámbito del constante acoso que sufre en cualquier instancia judicial. Situar en el Tribunal Constitucional la interpretación de las iniciativas relativas a competencias del Estado o las autonomías sería un ejercicio de útil pragmatismo que dejaría de obstruir la aplicación de acuerdos políticos y su materialización en legislación, como ocurre tras cada recurso en la actualidad. El PNV propone un ejercicio leal con el marco jurídico. Que la única instancia habilitada para interpretar el marco constitucional no se vea suplantada por otras inferiores que entorpecen la agilidad de la acción política. En el fondo, el rechazo a estas propuestas revela esa misma voluntad de obstruir. La extrema derecha rechaza la descentralización y el modelo de Estado autonómico, pero el resto deberán aclarar si sigue siendo su modelo o se alinean con el relato recentralizador.