La aprobación en el Congreso de la ley que endurece la respuesta penal a la multirreincidencia no es un simple giro punitivo más en el Código Penal. Debería ser la respuesta –tardía, pero necesaria– a un fenómeno creciente de pequeños hurtos y robos encadenados que alimentan la sensación de impunidad en muchas ciudades y barrios. La propia exposición de motivos reconoce que la reiteración de delitos leves genera alarma social y erosiona la confianza en el sistema. Hasta hoy, encadenar hurtos de menos de 400 euros apenas tenía consecuencias penales serias; ahora, a partir de tres condenas previas, esos comportamientos podrán conllevar penas de hasta tres años de prisión y medidas como prohibiciones de acceso a determinadas zonas o comercios. No hablamos de delincuencia violenta, pero sí de una realidad que vecinos y comerciantes conocen de sobra y que pesa –y mucho– en la percepción de inseguridad en la calle.
Desde las fuerzas de izquierda –salvo el PSOE– la única respuesta ha sido refugiarse en una postura ideológica que reduce el debate a una supuesta “concesión a la derecha” o al “relato de tintes racistas”. Sumar, Podemos o EH Bildu han justificado en ello su rechazo, como ERC su abstención. Pero si su receta para combatir el riesgo de esa deriva es la inacción o fingir que no hay problema, vuelven a dejar ese terreno de juego precisamente a ese relato. Es preciso dotar al sistema de instrumentos eficaces que permitan evitar la asociación injusta entre delincuencia y población extranjera, persiguiendo conductas concretas y no identidades.
La ley, que apoyó UPN, por sí sola, tampoco bastará. El PNV, que respaldó la medida, la condicionó introduciendo enmiendas para reforzar plantillas y medios en los juzgados para que los casos de multirreincidencia se tramiten con agilidad y no se cronifique la sensación de desamparo. Endurecer las penas sin invertir en justicia y en recursos policiales especializados sería solo un gesto simbólico. La implicación debe ser mayor y más honesta. Los hurtos reiterados erosionan la convivencia y la confianza vecinal y la ciudadanía necesita ver una respuesta proporcionada y ágil. Ese es el camino para desactivar los discursos que alimentan el odio. Entre el negacionismo buenista y el populismo punitivo hay un espacio de responsabilidad que la política debe ocupar.