La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Consejo de Seguridad de la ONU acreditaron ya en 1996 que el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate fue un acto atroz, desproporcionado e ilegal, perpetrado por cazas cubanos con conocimiento de las autoridades y en pleno espacio aéreo internacional. Treinta años después, la revelación de grabaciones inéditas que documentarían la orden directa de Raúl Castro no hace sino cimentar la enorme gravedad de aquel crimen de Estado. De verificarse, estas pruebas confirmarían la autoría al más alto nivel e indicarían un frío desprecio por la vida. La legítima exigencia de verdad, Justicia, reparación y asunción de responsabilidades persiste.
No obstante, el modo y el momento en que se decide rescatar este incidente apunta a una instrumentalización interesada por parte de la actual Administración Trump. Resulta lícito sospechar que desenterrar este caso judicial precisamente ahora obedece a un cálculo estratégico, electoral y de agenda política, muy lejos de un genuino compromiso con la justicia universal. Como maniobra judicial y diplomática cobra un cariz mucho más alarmante al enmarcarse en la reciente escalada de tensión regional. Las acciones violentas y de carácter unilateral ejecutadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe, amparadas en la excusa de combatir el narcotráfico, dibujan un escenario de extrema gravedad. Los mensajes que emite Washington destilan una voluntad de intimidación muy peligrosa y la desasosegante percepción de que se está fabricando a medida la excusa definitiva para intervenir directamente en Cuba, escudándose en un concepto utilitario de la seguridad nacional y la justicia retrospectiva.
El atentado contra aeronaves civiles hace tres décadas mereció entonces, y merece hoy, la repulsa más absoluta. No caben polarizaciones ideológicas que pongan sordina al sentido superior del derecho y la Justicia. Y, por ello, el dolor y la memoria de aquella tragedia no deben ser secuestrados ni pervertidos. Utilizarla como combustible para encender y justificar una escalada belicista interesada en el presente no sería justicia sino oportunismo. El derecho internacional y la persecución de sus violaciones no son un instrumento privativo de intereses particulares. l