La labor de la Justicia se ve salpicada por una práctica perniciosa que comienza con la filtración de informes policiales, demasiadas veces sometidos a secreto o sin trascendencia penal, y se acompaña de campañas mediáticas diseñadas para señalar y criminalizar a personas o colectivos, contraviniendo la presunción de inocencia y el derecho al honor. El procedimiento judicial sufre con ambos mecanismos en tanto siembran una inseguridad jurídica. Fomentan juicios paralelos interesados donde la condena mediática y social se ejecuta mucho antes de que el magistrado valore siquiera la solidez de las pesquisas.
La hemeroteca es tozuda y advierte del peligro: demasiadas veces, grandilocuentes atestados policiales en ocasiones marcados por juicios de valor interpretativos que no se respaldan de solidez en los indicios que recogen, han acabado archivados por los jueces al carecer de relevancia penal alguna, pero dejando tras de sí a ciudadanos e instituciones con su reputación sometida a escarnio.
Esta misma semana, el uso mediático de un informe de la UCO que alude a gestiones del PNV y que expone centenares de mensajes del vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco –del PSE– ha sido utilizado para construir un relato de sospecha vinculando a ambos con lo que la derecha española ha bautizado como “las cloacas del PSOE”, a despecho de que los propios redactores del informe anticipan no percibir delito alguno.
Ni se trata de cuestionar la labor policial, aunque en ocasiones dé la impresión de trascender lo meramente técnico con un deje intencional, ni mucho menos de relajar la persecución del delito. Pero esta dinámica propicia el lamentable uso político de las instituciones, como se evidencia en cada pleno del Congreso.
Una estrategia que degrada al poder legislativo, compromete la neutralidad de las fuerzas de seguridad y dinamita garantías del procedimiento judicial, convirtiendo el hemiciclo en un tribunal de excepción. Que no haya dudas al respecto de que toda red delictiva debe ser investigada y castigada con la máxima firmeza por los tribunales. Pero no cabe amparar la perforación de los cimientos de nuestro sistema de derechos y libertades. La condena sumarísima en las portadas o las tribunas políticas no es justicia, sino una herramienta que destruye convivencia.