Podía escribir una extensa reflexión sobre los sucesivos ataques políticos y judiciales a medios de comunicación desde un sistema que se defiende como democrático. Pero creo que un repaso simple a los hechos objetivos lo deja más claro. La dirección de Gara anuncia un acuerdo con la Seguridad Social para tratar de hacer frente a la deuda que tenía Egin con esta institución, una enorme espada de Damocles sobre su proyecto informativo. Basta repasar la hemeroteca periodística para saber que Gara fue un proyecto periodístico y empresarial diferente al que fue Egin -con coincidencias y desemejanzas, pero diferente-, y la hemeroteca judicial para saber que el Tribunal Supremo declaró ilícito el cierre de Egin. Que con anterioridad, el juez Garzón, el autor personal de este despropósito, le hubiera endosado a la fuerza esa deuda de Egin a Gara sin ninguna otra justificación judicial que su antidemocrática teoría del todo es ETA solo empeora la injusticia. Teoría que, por ciento, fue posteriormente anulada en sucesivos juicios por la Audiencia Nacional y por el mismo Supremo. Por supuesto, ni Garzón, que protagonizó otra de esas instrucciones fantasma sin garantías alguna -como la orden de detención e incomunicación durante tres días del entonces director de DIARIO DE NOTICIAS Pablo Muñoz o como hiciera el juez Del Olmo con el cierre ilegal de Egunkaria-, ni el Estado han asumido responsabilidad política y económica alguna con ese fiasco judicial que costó millones de euros, empleos, años de cárcel, torturas y atacó directamente al derecho constitucional y democrático de la libertad de prensa y la pluralidad informativa. Hay casos similares no tan mediáticos, pero en los que igualmente se vulneraron derechos de las personas encausadas. Y los sigue habiendo: basta ver ahora el caso Alsasua o el proceso contra los dirigentes políticos catalanistas encarcelados o exiliados. Pero que Gara deba asumir para sobrevivir en los kioskos -cuando ya las empresas periodísticas y la prensa libre tienen dificultades en un mundo cada vez más carcomido por el control de la información desde los grandes emporios internacionales- la deuda de otro medio cerrado por una decisión luego tumbada en el Supremo por no ser ajustada a Derecho es judicialmente injusto, democráticamente inaceptable y otro arbitrario abuso de poder.