No sé qué podrá explicar la ministra Teresa Ribera sobre la incomprensible decisión del Gobierno de Sánchez de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley foral de Residuos. Seguramente, echará mano de los argumentos que también utilizaba el Gobierno del PP para justificar cada uno de sus recursos de inconstitucionalidad para anular o vaciar de contenidos las leyes navarras de contenido progresista aprobadas en la Cámara foral sin apoyo de UPN y PP. La uniformidad normativa en todo tipo de cuestiones es el principal de ellos. Un subterfugio para minimizar las capacidades legislativas del autogobierno de Navarra por la puerta de atrás. Basta recordar que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de Navarra en el 80% de las 18 leyes forales recurridas por el Gobierno del PP en los últimos años. La ley de Residuos es una de las más avanzadas del Estado -aunque la lucha contra el cambio climático tiene aún muchos caminos que recorrer- en los objetivos y medidas que plantea para afrontar uno de los aspectos clave de la destrucción ambiental, el plástico. Que un Gobierno del PSOE recurra la normativa alegando que aplica más restricciones al plástico que las que existen en el Estado el mismo día que la ONU anuncia un gran acuerdo internacional con medidas para poner fin a medio plazo a esta lacra que invade y destroza especies, mares, plantas y terrenos dice todo de la torpeza de la decisión. Que esa decisión coincida también en el tiempo con la presencia de Sánchez en Pamplona y la afirmación de Chivite en un acto con él de que el PSN es ahora el único partido que defiende la foralidad en Navarra pone de manifiesto la vacuidad y el simple postureo de esa declaración ante la realidad de un nuevo ataque político y judicial del Estado al autogobierno foral. El PSOE sigue la misma estela centralizadora del PP, un camino en el que ha contado casi siempre con la complicidad del alto tribunal para imponer una uniformidad política que convierte en papel mojado la bilateralidad política e institucional entre Navarra y el Estado y empeora el modelo de bienestar y cohesión social de Navarra. El PSN debe aclarar si comparte o no la apuesta política de la construcción, desde la solidaridad territorial, de un modelo social, económico, fiscal y medioambiental de prioridades presupuestarias, redistribución de la riqueza y equilibrio social para el siglo XXI a través del autogobierno foral.