la fecha de este lunes forma parte ya de la historia negra, no solo de Catalunya sino de todo el Estado y mas allá. El día en la que la sentencia desproporcionada y abusiva del Tribunal Supremo acabó condenando a los políticos catalanes presos, o los presos políticos catalanes, a unas penas tan duras como inadmisibles. Una condena política que suma casi cien años de prisión, más otros tantos años de inhabilitación, que suena a escarmiento y que muchos han calificado abiertamente de “venganza” mas que de justicia. Un auto que suena a recorte de libertades y de derechos, a intromisión de la justicia en la acción política, cuando en democracia deberían ser los ciudadanos quienes juzguen con su voto la acción de sus dirigentes. Por no hablar de las incomprensibles pero intencionadas filtraciones con el daño anticipado a los implicados y con el objetivo de torpedear la movilización social en contra de las penas. Pero no ha servido. Miles de personas se han movilizado contra la sentencia y por el derecho del pueblo catalán a decidir y lo seguirán haciendo en los próximos días o meses convencidas de que su camino no tiene retorno. El mismo convencimiento que muestran las instituciones catalanas frente a un Estado que ha fracasado en su intento de resolver por medio de la judicialización un conflicto político como el de Catalunya, que solo podrá encauzarse por la vía del diálogo y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
