esde aquel lastimoso sms de Rajoy a Bárcenas, entonces aún tesorero del PP, Sé fuerte, Luis, cuando ya le perseguía la sombra de delitos vinculados a financiación ilegal, tráfico de influencias, pago de sobresueldos opacos, etcétera, todo el relato posterior ha ido desvelando lo que fue en realidad el paso de Rajoy y del PP por el Gobierno a partir de 2011: un compendio de mediocridad, chantajes, saqueo, corrupción, mentiras y autoritarismo. Con numerosos casos aún en proceso judicial -desde Gürtel y sus derivadas a Púnica-, ahora el auto del juez sobre la denominada Operación Kitchen desvela en toda su crudeza el montaje parapolicial de la cúpula de Interior y altos cargos de la Policía Nacional para espiar a Bárcenas y destruir pruebas que pudieran implicar al núcleo duro del PP. Todo ello utilizando funcionarios públicos y pagado con fondos reservados. Esto es, la propia Policía y el propio Ministerio de Interior montaron una operación -sicario incluido- para robar a Bárcenas e intentar secuestrar a su familia con el fin de impedir que documentación comprometedora llegara a manos del juez. En ese intento de destruir pruebas de valor judicial -un delito muy grave- aparecen implicados, además del número dos de Interior, el entonces ministro Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, persona clave en el ascenso de Casado a la dirección del PP. Incluso puede acabar citado también el expresidente Rajoy. Todo muy edificante una vez más. La destrucción de pruebas y la obstrucción a la justicia por parte del PP ya tenía como antecedente la destrucción a martillazos del disco duro del ordenador de Bárcenas, un escándalo al que el juez de turno le dio un sonrojante carpetazo y pelillos a la mar. A esa cloaca ideológica y policial -la misma que fabricó acusaciones falsas contra dirigentes catalanistas- le han intentado llamar Policía patriótica, cuando en realidad es una simple Policía política. Las Policías políticas son ajenas a un sistema político y jurídico sustentado en valores constitucionales democráticos. De hecho, son policías propias de dictaduras, regímenes antidemocráticos y autoritarios, repúblicas bananeras o sistemas corruptos sin derechos ni libertades. En realidad, la Policía política de Fernández Díaz, como las cloacas de Villarejo son ejemplos de la existencia de tramas mafiosas y secretas que utilizan el poder político, la complicidad periodística y los recursos públicos al servicio de sus intereses partidistas contra los adversarios y ahora se sabe también que para entorpecer la actuación de la justicia contra la corrupción del PP. Un sistema en el que ni siquiera ellos se fían unos de otros y la traición está al orden del día. Precisamente, el modelo que permitió a Villarejo y sus secuaces espiar bien pagados -y chantajear luego con esa información- a banqueros, la Casa Real, políticos, periodistas, empresarios y demás miembros de las elites de ese espacio de poder y corrupción que anida en Madrid. La Operación Kitchen es solo otro síntoma más de la gravedad de la España enferma.