Mesa de Redacción

Tomadura de pelo

17.06.2021 | 00:15
Felipe González y José María Aznar.

Son esas noticias que parecen tener poco que ver con esa permanente realidad de la política española que es la corrupción, pero que reflejan mucho mejor la cotidianidad del atraco estructural que sufren los ciudadanos en el Estado. El precio de la electricidad marca su tercer récord más alto de la historia y vuelve a situar a España en el máximo europeo. En enero fue por el temporal Filomena, ahora por la ola de calor y en unos meses será por cualquier otra causa. El caso es se vuelve a cargar sobre el bolsillo de los ciudadanos el déficit eléctrico y el uso especulativo del agua, la gasolina y el gas en los mercados financieros. Se especula sin vergüenza con un bien básico de supervivencia como es el acceso a la energía en casas y empresas. Sigue la juerga a costa de los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas en un galimatías ininteligible. Nada nuevo bajo el sol. Como cada año, llega el asalto de las eléctricas a los recibos de la luz. La confusión deliberada, la ocultación de la verdad, la manipulación de los datos y la falta de transparencia alimentan un negocio en el que las decisiones políticas favorables a las grandes empresas se pagan luego con cómodas recolocaciones de esos mismos políticos en órganos y consejos gratamente retribuidos. En origen, una privatización de empresas públicas impulsada por González y Aznar –ambos han cobrado decenas de miles de euros al año como recompensa a los servicios prestados como asesores de ese grandes empresas–, y una liberalización del mercado ficticia por falta de verdadera competencia respecto a los precios, con la circunstancia agravante de que otorga a las compañías el asidero del déficit tarifario mientras presentan beneficios superlativos. Hay empresas pequeñas y cooperativas como alternativa, pero lejos de influir en el negocio del mercado y en inferiodidad de condiciones de competencia y capacidad de presión respecto a las grandes empresas. Auténticos lobbies en política, medios, banca... El cártel energético mantiene un sistema oscurantista y confuso para ser incomprensible al consumidor. La dictadura de un oligopolio energético encubierto y permitido en la que la factura la pagan siempre los mismos. El Estado español supera en el coste de buena parte de los servicios básicos luz, agua, telefonía, internet... la media de la Eurozona, cuando sus salarios medios y su salario mínimo están lejos de esos mismos países. En estas cosas, campeones. Un pozo sin fondo del que generadores, distribuidores y comercializadores se llenan los bolsillos a costa de los consumidores. Un despropósito que debiera ser una prioridad en el Estado, pero que ni siquiera es uno de los grandes temas de la agenda política. Mejor, banderita o corrupción. Bueno, visto el ruido social, el Gobierno anuncia que prevé suspender impuestos ante la subida de la luz. No sé, a mi me parecen todo mimbres para inmenso guión entre Berlanga e Ibáñez. Sobre todo, a la derecha política y mediática agitando el malestar. Sería impagable. Mientras, las grandes empresas energéticas propietarias de las nucleares activas vuelven a reclamar miles de millones de euros en ayudas públicas al Estado –3.000 millones al año–, para asegurar su actividad y evitar, dicen, el colapso del sistema eléctrico español. Una tomadura de pelo.

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