i empresarios ni el sector inmobiliario ni la derecha han visto con buenos ojos la nueva ley de vivienda estatal. El PP ya ha anunciado que las comunidades y ayuntamientos del PP no la aplicarán y acudirán al Constitucional. Lo previsible. Será que no tienen amig@s con necesidades habitacionales. El discurso sobre la distorsión "brutal" de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad se lo pueden soltar a todas aquellas familias que no pueden pagar un alquiler de 800-1.000 euros o que se ven abocadas a vivir en una habitación o en una pensión sencillamente porque NO HAY VIVIENDAS EN ALQUILER. Como dice la PAH, una habitación no es un hogar. La nueva ley pretende intervenir en alquileres de fondos y bancos, gravar la vivienda vacía y ayudar -con 250 euros al mes- al alquiler joven. Un mercado complejo al que cuesta meter mano. Sin ir más lejos los topes al alquiler de las llamadas "zonas tensionadas" solo afectarán a sociedades, fondos y bancos. En Barcelona ya se pusieron las pilas y en los nuevos contratos, también de particulares, los precios no pueden superar este índice. Navarra, con plena competencia en Vivienda, ya ofrece ayudas para el alquiler de jóvenes, cuenta con un registro de viviendas vacías para que los ayuntamientos puedan castigar si quieren a sus propietarios y, como tiene plena autonomía para adoptar medidas fiscales, trabaja en una guía de precios sostenibles pensada en zonas calientes y en penalizar aquellos contratos que sobrepasen unos límites. No es para menos. Es la tercera comunidad en la que más ha subido el alquiler en el último año y en la que más caro resulta vivir. Todas las medidas son pocas.
