Las elecciones en Castilla y León han vuelto a remover las revueltas aguas por las que navega la política española desde 2015. En realidad, los resultados son similares a las elecciones generales de 2019, pero las consecuencias son otras y los damnificados también. Vox apenas ha subido un punto en el porcentaje de voto, no se ha disparado, está donde ya estaba, pero el traslado de esos votos al Parlamento autonómico le ha llevado de tener un procurador a 13 y, sobre todo, a situarse en el eje fundamental de la suma de mayorías. Pero tampoco eso es seguramente lo más importante. Vox está para marcar la agenda política y mediática, que es lo que ya está haciendo sobre todo desde 2015, y a partir de ahí influir en la deriva de las instituciones. Es tan solo el Macguffin de las películas de Hitchcock. La zanahoria que tira de los burros y el carro. Catalunya fue la excusa para abrir las jaulas a la jauría de extrema derecha y a partir de ahí, los mismos poderes del Estado oscuro y sus elites que pusieron en marcha la irrupción de Vox en la política española decidieron seguir alimentándolo como ariete ahora de la estrategia de acoso y derribo al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y la amplia mayoría progresista y territorial que le apoya en el Congreso. El objetivo indisimulado es subvertir la libre voluntad democrática de los ciudadanos instalando al Estado en la inestabilidad y la confrontación permanentes como vía rápida para asaltar la Moncloa y regresar atrás para retomar el proceso de involución antidemocrática hacia un modelo autoritario que no pudo culminar en toda su dimensión el PP de Rajoy. Vox es solo un instrumento circunstancial. El fracaso de Casado ha sido evidente, pero, tras acumular fracaso tras fracaso, es un personaje prescindible. El objetivo es reconquistar el poder ejecutivo y legislativo con el que completar el poder mediático, económico, financiero y judicial que ya controlan. El precio es lo de menos, aunque sea la calidad de la democracia. Camino de Hungría o Polonia. Y del anti europeísmo. La exigencia al PSOE de apoyar la investidura de Mañueco es solo un paso más para anular a las alternativas progresistas como ya ha ocurrido en otros países europeos. Castilla y León es una comunidad con un perfil electoral de mayorías conservadoras que no ha cambiado en 35 años. Sucumbir a la trampa del cordón sanitario a la ultraderecha será un error. El PP -ya gobierna en Madrid y Andalucía con VOX-, no está dispuesto a formar parte de esa fórmula de aislar a la extrema derecha. Ni menos aún los poderes fácticos que están detrás de su lanzamiento y auge mediático. Sánchez ha replicado exigiendo a Casado romper sus acuerdos de gobierno con Vox. Es lo mínimo, pero inútil. Otra cosa es que los comicios castellanos han dejado también un duro varapalo para los partidos del Gobierno de Sánchez. Sobre todo a Unidas Podemos, que suma un nuevo desastre. Pero también para el PSOE. Sánchez dispone de alianzas en el Congreso que suman 200 votos, pero su acción de gobierno parece estar más mediatizada por los miedos al ruido externo que por la fortaleza política de su legitimidad democrática y estabilidad institucional. El miedo es una mala sombra llena de complejos que acaba generando frustraciones en la propia casa electoral. Sánchez pide una reflexión, quizá debiera ir también por ahí. Viene la Ley Mordaza.