Una semana después de la ola de incendios más devastadora que ha sufrido Navarra llega el tiempo de los balances, mientras se ojea ya en el horizonte el comienzo de la pugna política por la exigencia de responsabilidades. Hasta el momento se han contabilizado 10.000 hectáreas quemadas, aunque pueden llegar hasta 15.000, y según los datos que va recopilando Agroseguros al menos 2.100 de ellas son de cultivos. Un coste económico, social, medioambiental y ecológico –un rastro de animales y flora arrasados–, y anímico para las zonas afectadas enorme y desolador. Primero, lo positivo de la balanza. Los incendios han vuelto a resaltar la importancia de contar con unos servicios públicos de nivel y calidad, en este caso de emergencias y seguridad, y con unos profesionales que los atiendan con la capacidad y dedicación que demostraron en unas jornadas excepcionales. Pagar impuestos tiene mucho valor y sentido y de nuevo los hechos dejan en evidencia las mentiras de quienes predican insistentemente la demagogia fiscal. También demostraron la fuerza del trabajo en auzolan de vecinos y agricultores movilizados para crear cortafuegos y detener el avance de las llamas. Una colaboración fundamental que impidió que los fuegos alcanzaron los pueblos y las viviendas y seguramente evitó que a la lista de costes se hubieran añadido también pérdidas humanas. Y la solidaridad y disposición de los servicios de emergencia de los tres territorios de la CAV y La Rioja. Se logró superar una situación que podía haber derivado a mucho peor. Merece la pena destacarlo. En el platillo de lo negativo de la balanza, la denuncia de bomberos y policías de falta de medios y desorganización y descoordinación en la escala de mando en la toma de decisiones. Igualmente, fueron muy pocos los agricultores que cosecharon en unas circunstancias de máximo riesgo con alerta roja por altas temperaturas, viento y sequía que indicaban que no debía hacerse, pero esos muy pocos, quizá presionados por una cosecha que ya se preveía un 20% inferior, parece que generaron buena parte de los incendios. Es exigible una explicación del Gobierno por no prohibir de la cosecha como medida preventiva hasta el sábado por la parte cuando el desastre ya estaba en pleno apogeo. Sin olvidar que pocos días antes UAGN se opuso con contundencia a esa medida –también EHNE–, aunque ese mismo sábado cambió de criterio y solicitó al Gobierno la prohibición vista el alcance del fuego. El vicepresidente Remírez e Interior también deben aclarar las acusaciones de descoordinación y la confusión de mensajes que se han sucedido esta semana sobre los tiempos de activación de los planes de Premergenia y Emergencia. Por último, queda informar a la opinión pública del origen y causa de esos diferentes fuegos. En definitiva, es cierto que la mejora en los medios materiales y humanos permite una rápida detección y movilización, sin embargo, sigue sin ser suficiente. La dura realidad del fuego cada año exige, además de la herramienta de la ley, eficacia en la toma de decisiones y coordinación políticas, disponer de los suficientes efectivos humanos y materiales y combatir los incendios con medidas de prevención ante las alertas previas y cuidado permanente de los campos de cultivo, el control y limpieza del sotobosque y los cortafuegos.
