Un año después de la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía por la mayoría democrática del Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional cuenta ya con la ponencia elaborada por la magistrada Inmaculada Montalbán que avala el texto como respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. Se espera que antes de finalizar este mes de junio, los integrantes del Alto Tribunal fallen favorablemente a este informe y la Ley de Amnistía pueda ser aplicada en todo su alcance, aunque el regreso del ex president Puigdemont quizá deba esperar un tiempo más por la causa por malversación abierta.

La Ley de Amnistía fue uno de los asuntos que protagonizó durante meses ese ensordecedor e insoportable ruido que emana de la política de Madrid, en realidad de todas las estructuras de poder que allí sientan sus posaderas. Una política y un poder que siempre está necesitado de un enemigo al que combatir. Un miedo que señalar. Y un otro al que quemar en la hoguera de turno. La propuesta legal y constitucional no estuvo exenta de todo tipo de intentos de boicot desde las instancias judiciales conservadoras y el acoso sistemático de los medios de comunicación próximos al PP y a Vox.

Una mala forma de hacer y entender la política que lleva vigente desde hace años y aún hoy forma parte activa del panorama diario del debate público. Ese fragor guerrero permanente es insufrible, aunque es fácil prever que la polarización, la bronca y la información basura alrededor de eslóganes de fácil consumo van a seguir imponiendo su poder a la discusión política, a lo común y a la convivencia democrática. Ahora que el tránsito de la Ley de Amnistía llega a su estación de termino, vale recordar, por ejemplo, que la Operación Catalunya del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy, de nuevo de actualidad, es otro ejemplo escandaloso de pruebas forzadas cuando no falsas, instrucciones judicialmente contaminadas a la búsqueda de un objetivo penal y manipulación e intoxicación informativa. O con Podemos o con los jóvenes de Altsatsu. Una época que trajo al sistema democrático una forma de actuar por encima de las mínimas reglas del juego, muchas veces también de la propia legalidad, que no sólo no concluyó entonces, sino que ha ido a más. Desde aquellas cloacas, el déficit de imparcialidad de una parte de la justicia, los medios y determinados ámbitos policiales es evidente.

La Ley de Amnistía fue una iniciativa legítima y su aprobación una decisión legal de un Legislativo con una mayoría democrática. También una medida que ha apaciguado la profunda división social y la tensión política en Catalunya y las duras consecuencias penales, políticas y económicas que le siguieron. Nadie duda que Catalunya, desde el abandono de la unilateralidad y la represión pura y dura y la apuesta por vías del diálogo, ha regenerado a mejor su realidad cotidiana. El independentismo no ha desaparecido y sigue siendo una opción con fortaleza y apoyo social, pero el diálogo ha dado paso a más estabilidad institucional y política y al regreso de las empresas y el impulso de la actividad socioeconómica. La aplicación real y completa de la Ley de Amnistía es un camino con mejor recorrido para Catalunya y para el conjunto del Estado que el barullo que trate de agitar de nuevo confrontaciones.