Cuando el Ejército de Israel lanza su ofensiva final sobre Gaza, la política española se entretiene en un nuevo episodio de bronca discutiendo a gritos sobre el boicot ciudadano a la participación de un equipo ciclista que blanqueaba la imagen del Gobierno sionista de Netanyahu en la Vuelta sin ponerse de acuerdo si estuvo del todo bien o medio mal. Si son galgos o podencos el mismo día que la ONU confirma por primera vez en un informe oficial que Israel está cometiendo genocidio con el pueblo palestino y cuando el número de víctimas comienza a situarse, casi dos años después de los atentados terroristas de Hamas, en cifras muy superiores a las 65.000. Por supuesto que las protestas en la Vuelta fueron legítimas y necesarias.
Nunca pensé, ni pensamos supongo, que veríamos imágenes como las que llegan cada día desde Palestina ni la parsimonia global que las acompaña. Protestar y rechazar públicamente todo ello es una obligación ética, humanista y democrática. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a expresar públicamente su estado de malestar y más aún ante un genocidio planificado y llevado de punta a cabo de Palestina. Como cualquier otro derecho civil o político, sus únicos límites son el respeto a otros derechos individuales y colectivos, y no hay motivos reales para utilizar ahora la excusa de las actuaciones de grupos muy minoritarios frente a las decenas de miles de personas que a lo largo de todo el recorrido mostraron su protesta ante la masacre humana que está sucediendo en Gaza y Cisjordania de forma pacífica. No hay causa para descalificar ese boicot que, además, se va extendiendo por el mundo y muchos otros ámbitos más allá del deporte.
El Consejo de RTVE se ha sumado a otros cuatro países europeos y no participará en Eurovisión si se invita a Israel. Si hay responsables de lo ocurrido en la Vuelta a España son la UCI y otras federaciones deportivas, que han dejado en evidencia su doble vara de medir tras vetar la participación de los deportistas rusos después de que Putin vulnerara la legalidad internacional e invadiera Ucrania y han mirado para otro lado en el caso del incumplimiento sistemático de esa misma legalidad por parte de Netanyahu. Y los organizadores de la Vuelta que han antepuesto su inmenso negocio a la seguridad de los ciclistas.
Pero basta repasar de nuevo editoriales, declaraciones y tertulias de estos últimos días para comprobar el alcance de la desmesura y su profundo tono a cazaña de la mala. La movilización y el ejercicio del derecho a la protesta se extienden por el mundo, pero la respuesta de los responsables políticos y de las instituciones es conscientemente ineficaz cuando no represiva. Por eso, esa indignación ética y política va arraigando cada vez más como denuncia del asesinato de decenas de miles de civiles palestinos, del robo de las sus tierras, la destrucción de sus viviendas, el expolio de sus recursos, la persecución de los organismos de ayuda internacional y los desplazamientos masivos constantes a ningún lugar seguro, porque ya no quedan lugares seguros ni en Gaza ni en Cisjordania. Si Israel incumple sus obligaciones internacionales y humanas es inevitable la denuncia social, la protesta pública y la ruptura y el boicot internacional al Gobierno de Netanyahu. Como lo ha sido con Rusia o lo fue con la Sudáfrica del apartheid.